El programa económico del gobierno de Javier Milei enfrenta uno de sus obstáculos más complejos mientras la inflación muestra signos de resistencia para perforar el umbral del 2% mensual. A pesar de la drástica reducción de la emisión monetaria y el mantenimiento del superávit fiscal, los últimos indicadores de precios sugieren una inercia que complica la promesa oficial de alcanzar una estabilidad de precios similar a la de los países desarrollados en el corto plazo. Este fenómeno, denominado por algunos economistas como «inflación núcleo resiliente», pone bajo la lupa la velocidad de la recuperación del poder adquisitivo.
La persistencia de los aumentos se explica, en gran medida, por el ajuste pendiente en las tarifas de servicios públicos y la actualización de precios regulados que habían quedado rezagados durante la gestión anterior. Según informes de consultoras privadas, el rubro de alimentos y bebidas ha mostrado una desaceleración, pero los costos fijos de vivienda, transporte y salud continúan presionando el índice general hacia arriba. Para el Ministerio de Economía, este escenario representa una pulseada constante entre la disciplina fiscal y la necesidad de evitar una caída mayor en el consumo interno.
En el ámbito político, esta meseta inflacionaria debilita el relato de una salida rápida de la crisis, ya que el «ancla» del tipo de cambio oficial empieza a generar dudas sobre la competitividad exportadora. Analistas del sector financiero advierten que, si la inflación no desciende por debajo del ritmo de devaluación mensual (crawling peg), el riesgo de un atraso cambiario podría forzar correcciones que impacten nuevamente en los precios. El Gobierno, por su parte, insiste en que el camino es la desregulación total y que la convergencia de precios es una cuestión de tiempo y confianza de los mercados.
Las implicancias sociales de una inflación estancada en niveles superiores al 2% son directas: la erosión de los salarios reales en los sectores informales no logra revertirse con la velocidad esperada. Si bien el Ejecutivo destaca la baja sensible respecto a los niveles hiperinflacionarios de finales de 2023, la percepción ciudadana comienza a exigir resultados más palpables en el costo de vida cotidiano. La sostenibilidad del apoyo social al ajuste depende, en última instancia, de que la curva de precios mantenga una trayectoria descendente de forma ininterrumpida.
Desde una perspectiva técnica, el Banco Central se encuentra en una encrucijada respecto a la tasa de interés. Mantener tasas reales negativas ayuda a licuar pasivos, pero desincentiva el ahorro en moneda local, lo que podría derivar en una mayor presión sobre los dólares paralelos. La coordinación entre la política monetaria y la fiscal es hoy más crítica que nunca; cualquier desvío en las metas de gasto podría reavivar las expectativas inflacionarias y alejar definitivamente el objetivo del 0% mensual planteado por el presidente en sus discursos.
Hacia adelante, el éxito del plan Milei se medirá por su capacidad para romper esta resistencia estadística en los próximos meses. Si la inflación logra finalmente quebrar el piso del 2%, el Gobierno ganará el capital político necesario para avanzar con reformas de segunda generación. De lo contrario, el escenario de «estanflación moderada» podría prolongarse, obligando a una revisión de las estrategias de comunicación y ejecución económica ante una sociedad cuyo margen de paciencia se estrecha frente a las góndolas.
