El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte exigió la entrega inmediata de documentación sobre préstamos y sponsoreos bajo la amenaza de avanzar con allanamientos. La medida apunta a rastrear el dinero de la financiera vinculada al círculo íntimo de Claudio "Chiqui" Tapia.
La investigación por el escándalo de Sur Finanzas escaló este martes con una decisión de fuerte voltaje institucional en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso órdenes de presentación contra Racing Club, San Lorenzo y Argentinos Juniors para que entreguen de forma inmediata toda la documentación respaldatoria sobre préstamos y acuerdos de sponsoreo vinculados a la financiera de Maximiliano Vallejo. La medida judicial, que incluye la amenaza de avanzar con allanamientos y medidas coercitivas ante cualquier negativa, busca echar luz sobre los tentáculos económicos que la firma tendió en la cúpula del fútbol argentino.
El requerimiento del magistrado, tramitado en el expediente Nº 50.354/2025 bajo la carátula de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta, alcanza de lleno a las gestiones que encabezan Diego Milito en la Academia, Marcelo Culotta en el Ciclón y Cristian Malaspina en el Bicho, quien además se desempeña como secretario ejecutivo de la AFA. Las diligencias fueron encomendadas a la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina e implican la obligación de entregar estados de cuenta, transferencias, contratos y soportes de pago correspondientes a los movimientos financieros ejecutados inmediatamente después de que la propia Justicia levantara las inhibiciones generales de bienes dictadas en diciembre del año pasado.
El trasfondo de la causa expone una trama de vínculos financieros intensos entre el entramado de Vallejo —quien antes del estallido del escándalo ostentaba una estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia— y las instituciones deportivas. Según surge del propio expediente, San Lorenzo contabilizó en sus balances internos 1.640 millones de pesos en préstamos de Sur Finanzas distribuidos en ocho transferencias, además de otros 300 millones en concepto de adelantos de derechos de televisión gestionados a través de la casa madre del fútbol nacional. Por su parte, la defensa de la financiera detalló que Argentinos Juniors recibió 600 millones de pesos destinados al pago de salarios y a la construcción de obras en sus tribunas, al tiempo que Vallejo había prometido un millonario contrato de sponsoreo por un millón de dólares anuales para Racing.
El dato más sensible que persigue el magistrado en esta etapa no es meramente documental, sino forense: reconstruir con precisión quirúrgica la trazabilidad exacta de los fondos tras el descongelamiento de las cuentas bancarias y comitentes que operó a fines de 2025. Los investigadores estiman que el fraude global asociado a la financiera y sus firmas asociadas —un conglomerado que incluye a Godel Quilmes, Pagos y Transferencias, Cobro Express, Fundraiser y AGA Group, entre otras— podría trepar a unos 100 millones de dólares en presuntas violaciones a la ley cambiaria. Mientras Vallejo ya se presentó a declarar en indagatoria y negó todos los cargos en su contra, la resolución judicial de siete páginas deja en claro que la lupa se posa sobre los treinta días posteriores a las flexibilizaciones de las cautelares decretadas por el juzgado.
Con la documentación en su poder, el paso siguiente en el horizonte judicial será someter los papeles a un cruce informático y contable minucioso con el resto de las pruebas acumuladas en el expediente. El objetivo central de esta pericia será determinar el origen, el destino final y los beneficiarios reales de los fondos que circularon por las cuentas de los clubes y las empresas investigadas. Si bien la resolución de Rodríguez Ponte aclara expresamente que por el momento no se formulan conclusiones sobre responsabilidades penales directas de las instituciones deportivas, el cumplimiento o la resistencia a estas órdenes de presentación funcionará como una prueba de fuego para los dirigentes.
Las próximas horas serán determinantes para medir el grado de cooperación de las entidades deportivas frente a un magistrado que optó por habilitar horas inhábiles en su resolución ante la complejidad y la gravedad institucional del caso. Con los allanamientos latentes como herramienta de apriete procesal, la causa entra en una zona de máxima tensión donde el poder del fútbol profesional y el rigor de los tribunales federales vuelven a cruzarse de manera implacable.
