El expediente de los «Cuadernos de las Coimas» ha dado origen a una causa paralela de gran magnitud que desnuda la ingeniería financiera para el presunto lavado de activos por una suma que asciende a USD 70 millones. En el centro de esta compleja trama se encuentra el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Héctor Daniel Muñoz, y su viuda, Carolina Pochetti, quienes habrían utilizado una red de testaferros y sociedades offshore para transformar el dinero de supuestos sobornos en un portfolio inmobiliario de alto valor en Estados Unidos y el Caribe.
La investigación judicial, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, logró desentrañar el recorrido de los fondos que, según las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz era el encargado de recolectar. Si bien la muerte de Muñoz extinguió la acción penal en su contra, su rol como supuesto artífice del blanqueo de capitales lo convierte en la figura clave de esta megacausa, que busca recuperar el rastro del dinero.
El destino final de los fondos ilícitos fue un conjunto de 14 propiedades premium, principalmente en Estados Unidos. El portfolio incluía departamentos de lujo en edificios emblemáticos de Miami y Nueva York, con valores que superan los 13 millones de dólares por unidad. Un dato que dimensiona la operatoria es que solo una propiedad en Manhattan habría costado cerca de tres veces esa cifra, evidenciando la magnitud del dinero que fluía al exterior.
La ruta del lavado se extendió más allá de Norteamérica, llegando al Caribe. La justicia identificó la adquisición de dos lotes premium en la paradisíaca isla de Turks & Caicos, donde la red de Muñoz supuestamente planeaba desarrollar un resort de playa. La triangulación de los fondos a través de distintas jurisdicciones y la utilización de figuras legales complejas demuestran una sofisticada metodología para ocultar el origen espurio del dinero.
Para armar la imputación, la Unidad de Información Financiera (UIF) proporcionó un informe de inteligencia crucial en 2017, y la causa se enriqueció con la declaración como arrepentido de Sergio Todisco, uno de los presuntos testaferros. Los movimientos de compra de inmuebles fueron cruzados con los registros migratorios de los acusados, construyendo una evidencia sólida sobre el vínculo entre el dinero presuntamente cobrado por Muñoz en Argentina y los bienes adquiridos en el exterior.
Si bien la Sala I de la Cámara Federal ya confirmó el procesamiento y embargo de varios de los imputados en esta causa, ratificando la existencia del delito de lavado, el desafío a futuro es doble: avanzar hacia el juicio oral contra los testaferros y, fundamentalmente, concretar el recupero de activos. La causa Muñoz se ha transformado así en un símbolo de la lucha contra la corrupción, donde el foco se desplaza del cohecho en sí mismo a la rastreabilidad y el desapoderamiento de la fortuna mal habida.
