El Tribunal de Goya, en la provincia de Corrientes, ha sentenciado a Leonardo Cositorto a 12 años de prisión tras declararlo culpable de liderar una asociación ilícita y cometer múltiples estafas en el marco del esquema piramidal conocido como Generación Zoe. Junto a él, sus colaboradores más cercanos, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, recibieron penas de 8 años de cárcel cada uno por su participación en la organización delictiva.
Durante la audiencia de cesura, los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará habían solicitado una pena de 16 años para Cositorto, argumentando su rol como «ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo». Para Batista, Camelino y Echegaray, la fiscalía pidió penas de 14, 12 y 11 años respectivamente. Por su parte, la querella, representada por los abogados Pablo Fleitas y William Maidana, coincidió en solicitar la pena máxima para todos los imputados, enfatizando el profundo impacto económico y personal en las víctimas de la estafa.
La defensa, encabezada por el abogado Guillermo Dragotto, consideró excesiva la condena y anunció su intención de apelar. Cositorto, en declaraciones a Infobae, expresó: «No vemos que sea sustentable y menos fundamentada la pena. Vamos a apelar y denunciar a los jueces por prevaricato». Además, durante la audiencia, el propio Cositorto afirmó que «jamás» tuvieron la intención de estafar a alguien.
Generación Zoe operaba bajo la promesa de retornos financieros extraordinarios, captando a numerosos inversores que confiaron sus ahorros en la organización. Sin embargo, las investigaciones revelaron que se trataba de un esquema Ponzi que dejó a decenas de damnificados sin sus inversiones. El juez Ricardo Carbajal, al dictar sentencia, destacó el papel central de Cositorto en la estructura delictiva, calificándolo como el principal responsable de la maniobra fraudulenta.
Tras la lectura del veredicto, se dispuso que Cositorto, Batista y Echegaray sean trasladados nuevamente a la provincia de Córdoba, donde enfrentan otras causas judiciales relacionadas con actividades similares. En el caso de Camelino, se le otorgó la libertad bajo la condición de fijar domicilio en Goya, presentarse semanalmente ante la fiscalía y entregar su pasaporte para evitar una posible fuga.
Este fallo representa un hito en la lucha contra las estafas financieras en Argentina, sentando un precedente para casos futuros y enviando un mensaje claro sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos. Las autoridades continúan investigando otras ramificaciones de Generación Zoe y no se descartan nuevas imputaciones en el corto plazo.
