A través de dos decretos presidenciales, el gobierno brasileño fijó un estándar federal obligatorio para eventos de más de 1.000 personas tras la trágica muerte de una fan en Río de Janeiro.
El gobierno de Brasil formalizó un cambio estructural en las reglas de juego para la industria de los espectáculos masivos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un paquete normativo encabezado por el Decreto 13.109, que impone a productoras y organizadores la obligación de suministrar agua potable gratuita a los asistentes y establece severas restricciones a las plataformas de venta de entradas para desarticular el negocio del acaparamiento y la reventa abusiva.
Las medidas entrarán en vigencia 30 días después de su publicación oficial y alcanzarán a todo evento abierto al público que supere las 1.000 personas, incluyendo festivales, recitales, congresos y actividades culturales. Las empresas deberán instalar bebederos o distribuir envases individuales en puntos de fácil acceso de forma permanente, independientemente del clima. Asimismo, los espectadores tendrán derecho a ingresar con botellas personales, y las empresas solo podrán limitar el material de los recipientes por motivos de seguridad previamente informados.
La normativa, bautizada popularmente como "Ley Taylor Swift", responde a las fuertes presiones sociales desatadas tras la muerte de Ana Clara Benevides, una joven de 23 años que falleció por un golpe de calor en noviembre de 2023 durante un concierto de la cantante estadounidense en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Con una concurrencia estimada en 65.000 personas y temperaturas extremas, aquel episodio expuso la desidia organizativa, la falta de puestos de hidratación y el bloqueo al ingreso de agua propia por motivos comerciales.
El aspecto más disruptivo del paquete presidencial recae sobre la comercialización de tickets y el combate al denominado "cambismo digital". Las plataformas quedarán obligadas a mostrar desde el primer clic el precio final con tasas discriminadas, detallar el valor original del boleto en los casos de reventa secundaria para evidenciar el recargo exacto y garantizar la transferencia gratuita de titularidad. A su vez, los sistemas deberán incorporar mecanismos efectivos para neutralizar los bots de compra masiva y reportar a los usuarios su lugar en la fila virtual junto con el tiempo estimado de espera.
A partir de la entrada en vigencia del régimen, las productoras y ticketeras deberán readecuar su logística e infraestructura bajo riesgo de sanciones regulatorias y de defensa del consumidor. Mientras en Argentina rigen antecedentes sectoriales como la Ley 15.439 de la provincia de Buenos Aires sancionada en 2023, la decisión de Brasil marca un precedente al imponer una directiva federal uniforme sobre el sector del entretenimiento en el país más grande de la región.
Con esta doble reglamentación, la administración de Lula interviene un mercado históricamente desregulado donde el confort básico y la seguridad del público solían quedar subordinados a los márgenes de ganancia privada de la hidratación y el mercado paralelo de boletos. La efectividad de las medidas dependerá del rigor de las fiscalizaciones estatales cuando comiencen los primeros megafestivales bajo la nueva normativa.
