El organismo provincial desplegó equipos técnicos para actualizar legajos y definir la adjudicación de unidades en el Impenetrable, en medio de la urgencia por sanear la cobrabilidad del sistema.
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) desplegó un operativo territorial en la localidad de Juan José Castelli, enfocado en la regularización dominial y adjudicación de unidades a las familias del barrio Plan 216. La intervención busca resolver una demanda histórica de documentación en la puerta de entrada al Impenetrable, donde decenas de adjudicatarios habitaban sus inmuebles sin contar con el encuadre legal definitivo.
Durante la jornada, equipos técnicos y administrativos del organismo provincial montaron unidades de atención directa para actualizar legajos, certificar la ocupación efectiva y gestionar el refinanciamiento de deudas o la emisión de cuotas. La iniciativa abarca a los beneficiarios del complejo de 216 viviendas de la cabecera del departamento General Güemes, un sector donde la falta de regularización impedía a los vecinos acceder a la escritura de sus hogares y al pago formal de los planes vigentes.
La movilización de personal al interior responde a un cuadro estructural de demoras burocráticas y mora en el pago de cuotas que atraviesa el IPDUV desde hace años. En los últimos períodos, los reclamos por fallas edilicias, obras frenadas y falta de títulos de propiedad se multiplicaron en el norte chaqueño, un escenario agravado por la parálisis de la obra pública nacional y la consecuente necesidad de la provincia de autosostener sus fondos de vivienda mediante la recaudación local.
Detrás del despliegue administrativo subyace un imperativo financiero central: la actualización de la base de cobro del IPDUV. En un contexto de restricción presupuestaria severa, el organismo provincial necesita reordenar la titularidad de los inmuebles para incrementar la cobrabilidad de los planes sociales de vivienda, condicionando la futura asignación de recursos a la puesta al día de los actuales tenedores.
Tras esta etapa de recepción de documentos y verificación dominial, el instituto revisará las inspecciones ambientales para dictar las resoluciones individuales de adjudicación. Aquellas familias que no logren certificar la residencia continuada o no acuerden la regularización de sus compromisos financieros podrían enfrentar procesos de desadjudicación para reasignar las unidades a postulantes en lista de espera.
El operativo en Juan José Castelli vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado provincial para saldar deudas sociales sin convertir la regularización habitacional en un mero mecanismo recaudatorio. Para los vecinos del barrio Plan 216, el éxito de la medida no se medirá en la cantidad de trámites iniciados, sino en la entrega efectiva de las escrituras que garantecen la seguridad jurídica de su techo.
