La deuda acumulada supera los $200.000 millones y los cortes de prestaciones siguen sin resolverse.
El coronel Ariel Guzmán presentó su renuncia como administrador de la obra social de las Fuerzas Armadas luego de una reunión que terminó de definir su salida. La decisión se produce en el peor momento institucional del organismo, con prestaciones interrumpidas y una deuda que no para de crecer.
El pasivo acumulado asciende a $200.000 millones, una cifra que refleja años de desfinanciamiento y gestión deficiente. Los cortes de servicios médicos afectan a miles de militares activos, retirados y sus familias, que en muchos casos quedaron sin cobertura efectiva para tratamientos en curso.
La obra social castrense arrastra una crisis estructural que se agudizó en los últimos ejercicios presupuestarios. El organismo depende del Ministerio de Defensa y su financiamiento está atado tanto a los aportes de los afiliados como a transferencias del Estado, un esquema que en contextos de ajuste fiscal se vuelve particularmente vulnerable.
El dato que cambia la lectura es que la renuncia de Guzmán llega después de una reunión —cuyo contenido no fue detallado públicamente— lo que sugiere que la salida no fue estrictamente voluntaria sino el resultado de presiones institucionales. La falta de transparencia sobre ese encuentro abre preguntas sobre quién toma el control ahora y con qué plan.
El cargo quedará vacante en un momento en que la obra social necesita con urgencia un esquema de refinanciamiento o una inyección de fondos para normalizar las prestaciones. Es posible que desde el Ministerio de Defensa se designe un interventor o administrador transitorio, aunque no hay confirmación oficial sobre los tiempos ni los candidatos.
La renuncia de Guzmán no resuelve nada por sí sola: la deuda de $200.000 millones sigue ahí y los afiliados que perdieron cobertura no la recuperan con un cambio de nombre en el organigrama. Lo que viene es una prueba concreta de si el Estado tiene voluntad —y recursos— para sanear el sistema.
