Río de Janeiro ha sido escenario del operativo policial más letal en su historia reciente, con un saldo provisional que supera las 130 muertes tras una incursión masiva de las fuerzas de seguridad en un conjunto de favelas. La operación, dirigida a desarticular la cúpula del grupo narcotraficante conocido como Comando Vermelho, ha generado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes, provocando una condena inmediata de organismos internacionales y reabriendo el debate sobre la brutalidad policial y la estrategia de seguridad en las zonas más vulnerables de Brasil.
La acción fue ejecutada por un contingente de más de 2.500 agentes federales y militares, en lo que rápidamente escaló a un enfrentamiento de proporciones bélicas en los complejos de favelas de Penha y Alemão. Los informes preliminares, actualizados por la Defensoría Pública regional, elevan la cifra de fallecidos a 132, incluyendo a cuatro agentes. Este número supera con creces el registro de operativos anteriores, caracterizándose no solo por la cantidad de bajas, sino también por las dantescas escenas de cuerpos apilados y la destrucción generalizada de infraestructura civil, que obligaron a la suspensión de actividades educativas y sanitarias en la zona.
La magnitud de la violencia se explica, en parte, por el nivel de sofisticación del armamento utilizado por la facción criminal, que según informes policiales, llegó a utilizar drones cargados con explosivos para repeler a las fuerzas de seguridad. No obstante, la principal controversia radica en la respuesta policial. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han calificado la operación como un «desastre» y han solicitado a la Fiscalía General brasileña que abra una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de cada muerte, ante la sospecha de posibles ejecuciones extrajudiciales.
El foco político se ha posicionado sobre la figura del gobernador de Río, Claudio Castro, quien dio la orden de avanzar con la operación. La crítica apunta a la persistencia de una política de «mano dura» que prioriza la confrontación armada por sobre las estrategias de inteligencia y la intervención social. En este sentido, analistas en seguridad pública subrayan que estos megaoperativos, al generar un baño de sangre, erosionan la confianza de la población en el Estado y resultan ineficaces para desmantelar la estructura financiera y logística del narcotráfico a largo plazo, impactando mayormente en la población civil.
La respuesta de los habitantes de las favelas ha sido de dolor y desesperación. Las imágenes de vecinos trasladando decenas de cuerpos envueltos en sábanas y plásticos hacia plazas para que pudieran ser recogidos por el Instituto Médico Legal (IML) recorrieron el mundo, poniendo en evidencia la indefensión de la población ante el accionar conjunto del crimen organizado y las fuerzas del Estado. Este panorama de caos social llevó a un pronunciamiento del gobierno federal, que si bien se distanció de la planificación del operativo a cargo de la administración estadual, enfrenta una presión creciente para intervenir y evitar una escalada del conflicto.
En retrospectiva, el operativo no solo fracasó en su objetivo de generar un impacto estructural en el Comando Vermelho, sino que también dejó cicatrices profundas en el tejido social de Río de Janeiro. El desafío para las autoridades brasileñas no es solo capturar a los líderes del narcotráfico, sino cambiar un modelo de seguridad que ha demostrado ser letal, desproporcionado e ineficaz. La crisis exige una reevaluación urgente de las tácticas policiales y la adopción de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la violencia, incluyendo la desigualdad social y la falta de oportunidades en las comunidades periféricas, para evitar que esta «masacre» se repita.
