El caso Fernando Báez Sosa, uno de los crímenes más resonantes y mediáticos de la historia judicial argentina reciente, será llevado a la pantalla de Netflix a través de una serie documental, generando una fuerte controversia incluso antes de su estreno. La producción, que busca desgranar los detalles del brutal asesinato y el posterior juicio, enfrenta un escollo significativo: cuatro de los ocho jóvenes condenados, incluyendo a Máximo Thomsen, se han negado categóricamente a participar, temiendo que la exposición audiovisual refuerce la «narrativa de culpabilidad» y comprometa sus futuras instancias judiciales.
La serie documental, cuya fecha de estreno se proyecta para marzo de 2025, es producida por la chilena Fábula y ya cuenta con los derechos de distribución de la plataforma de streaming. Su objetivo es narrar la tragedia ocurrida en Villa Gesell en enero de 2020 y el proceso legal que culminó con las condenas a prisión perpetua para cinco de los acusados y a 15 años para los tres restantes. Sin embargo, el proyecto nace dividido: si bien una mitad de los condenados habría accedido a dar testimonio, la negativa de figuras centrales como Thomsen, Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz introduce un sesgo inevitable en la construcción del relato.
Detrás de la negativa, según trascendió a través de fuentes cercanas a los acusados y a su defensa, subyace un temor estratégico. El equipo legal teme que cualquier declaración o aparición pública en un formato de alto impacto mediático como Netflix pueda ser utilizada en su contra en futuras instancias de apelación o revisión de la pena. Hugo Tomei, abogado que representó al grupo durante el juicio oral, habría expresado su preocupación de que la serie no busque la objetividad, sino que termine por enfatizar la condena social y legal ya existente, marginando la postura de la defensa respecto a supuestas «arbitrariedades judiciales» en el proceso.
Esta fragmentación en la postura de los condenados frente al documental revela la existencia de fisuras internas y estrategias de defensa divergentes tras la sentencia. Mientras que la serie documental contará con los testimonios de Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, quienes presumiblemente buscan ofrecer su versión de los hechos o la óptica de su defensa, los cuatro ausentes han optado por el silencio mediático como estrategia de contención. La producción deberá, por tanto, balancear las declaraciones de los participantes con material de archivo judicial, periodístico y testimonios de la familia de Fernando Báez Sosa.
Organismos especializados en derechos humanos y observadores del proceso judicial han alertado sobre la delgada línea entre el periodismo de investigación y la explotación sensacionalista de un caso tan delicado. El rol de Netflix en la amplificación de las voces de los condenados genera un debate ético sobre el derecho a la defensa y la necesidad de mantener el foco en la víctima. La serie, a pesar de su potencial valor informativo, deberá sortear la dificultad de contar una historia de alto contenido emocional y legal sin la participación de actores clave, lo que podría llevar a una representación incompleta o controvertida de los hechos.
El inminente estreno de la serie documental, en definitiva, reabrirá el debate social sobre el crimen, la justicia y las responsabilidades individuales. La ausencia de los testimonios de los condenados con las penas más altas, como Thomsen y Benicelli, obligará a los creadores a ser extremadamente rigurosos con el uso del material de archivo y el contexto judicial. La serie de Netflix no solo buscará impactar a su audiencia global, sino que inevitablemente se convertirá en un nuevo capítulo de la ya prolongada discusión pública sobre la tragedia de Villa Gesell, con implicaciones éticas y judiciales que van más allá del streaming.
