A una semana del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (28), Morena Verri (19) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, la investigación se consolida en torno a la hipótesis de una venganza narco con un componente de violencia extrema y aleccionadora. El macabro suceso, que ya cuenta con cuatro detenidos e imputados por homicidio agravado, revela la creciente crudeza con la que operan las organizaciones criminales en el conurbano bonaerense, utilizando el femicidio como un mensaje mafioso de disciplinamiento interno.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, y la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) interviniente, apuntaron desde el inicio a una emboscada premeditada. La reconstrucción de los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas permitió rastrear el vehículo adulterado que las condujo desde La Matanza hasta la vivienda en Florencio Varela, donde fueron halladas enterradas. Este nivel de planificación y el hallazgo de pruebas clave en la escena del crimen sustentan la carátula de homicidio agravado para los cuatro imputados, dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 28 años.
El móvil del crimen, según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense y elementos de la causa, sería el robo de droga a la banda liderada por uno de los detenidos. Esta organización tendría su base de operaciones en barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el sur del Conurbano. No obstante, lo que conmociona es la crueldad del ensañamiento y la difusión del crimen: las torturas y el asesinato habrían sido transmitidos en vivo por una red social privada a un grupo cerrado de unas 45 personas, presuntamente miembros de la organización.
Este patrón de violencia, que trasciende el mero ajuste de cuentas por la mercancía, ha puesto en el foco el vínculo entre femicidios y narcocriminalidad. Datos recientes indican que casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en este contexto, una cifra alarmante que subraya la forma en que las redes narco explotan y ejercen control sobre mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como el caso de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años. El abuelo de dos de las víctimas remarcó ante los medios la desesperación de las familias y el abandono estatal que permite al narcotráfico ocupar espacios que deberían ser de instituciones como la educación y la familia.
La reacción social ha sido de profunda consternación y ha motivado reclamos de justicia, incluyendo concentraciones en la rotonda de La Tablada, epicentro de la desaparición, a pesar de los intentos judiciales de evitar marchas. El ataque a tiros denunciado en la casa de la hermana de Lara Gutiérrez, horas después de los hallazgos, evidencia la persistencia de la violencia mafiosa y el riesgo latente que enfrentan los entornos de las víctimas, incluso bajo el escrutinio público y judicial, lo que requiere medidas de protección urgentes.
El caso de Florencio Varela no es un hecho aislado, sino la manifestación más brutal de una problemática creciente en el país: la expansión territorial y la sofisticación de la violencia del crimen organizado, que utiliza el terror como herramienta de control y el cuerpo de las mujeres como vehículo de su mensaje. La investigación penal avanza con la identificación del líder de la banda y el desalojo de un búnker, pero el desafío mayor yace en la respuesta del Estado para desarticular estas estructuras criminales y revertir el desamparo social que las alimenta.
