En un giro inesperado en la causa conocida como «Vialidad», la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de un tribunal inferior que desestimó una millonaria demanda civil contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios. La demanda, interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reclamaba el pago de $22.300 millones en concepto de resarcimiento económico por el presunto direccionamiento de obras públicas. La decisión del tribunal de alzada representa un alivio para la exmandataria y sus co-imputados en el plano económico, aunque la causa penal sigue su curso.
El fallo de Casación se basó en un tecnicismo legal que sostiene que la AFIP no tenía la legitimidad para actuar como parte querellante en este tipo de demandas. La querella había argumentado que los fondos supuestamente defraudados pertenecían al erario público y, por lo tanto, el ente recaudador tenía el derecho de reclamar su devolución. Sin embargo, los jueces de la Casación consideraron que esta acción corresponde a otras dependencias del Estado y no a la AFIP, anulando de facto el reclamo económico.
Este revés judicial para la AFIP no implica el cierre de la causa penal, que continúa en proceso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. En este proceso, la ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme. La absolución de la demanda civil, sin embargo, marca una victoria parcial para la defensa de Fernández de Kirchner en uno de los frentes judiciales más importantes que enfrenta.
La decisión de la Cámara de Casación ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Mientras que los defensores de la ex mandataria celebran el fallo como una muestra de la falta de pruebas en su contra, los críticos sostienen que se trata de un tecnicismo que no afecta el fondo de la cuestión penal. Algunos juristas han expresado su preocupación por el precedente que sienta este fallo, que podría limitar la capacidad del Estado para recuperar fondos en casos de corrupción.
La causa «Vialidad» ha sido uno de los casos más mediáticos y complejos de la historia judicial argentina. Las acusaciones de corrupción en la asignación de obras públicas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz han polarizado la opinión pública y han sido objeto de un largo y controvertido proceso judicial. La decisión de Casación de desestimar la demanda civil añade una nueva capa de complejidad a un caso que ha estado en el centro del debate político durante años.
A pesar de que el fallo civil representa una victoria para la defensa de la ex presidenta, la espada de Damocles de la causa penal sigue sobre su cabeza. El futuro de Cristina Fernández de Kirchner en el plano judicial se definirá en última instancia en la Corte Suprema de Justicia, donde se analizarán las apelaciones a la condena. Por ahora, sin embargo, el veredicto de Casación le da un respiro en el frente económico y cierra un capítulo importante en una saga judicial que parece no tener fin.
