El hallazgo de un misterioso cuaderno, presuntamente perteneciente a uno de los líderes de la banda narco implicada en el brutal triple crimen de Florencio Varela, ha marcado un giro trascendental en la investigación. Este material, apodado «el cuaderno de Señor J» o «Pequeño J» por fuentes judiciales, contiene anotaciones que, según los investigadores, no solo confirman el móvil del delito, sino que también desarticulan la compleja red de encubrimiento y las amenazas ejecutadas por la organización criminal. La causa, que conmocionó a la sociedad por la extrema violencia ejercida contra las víctimas –Brenda, Lara y Morena–, podría estar a punto de esclarecer definitivamente los roles jerárquicos y las motivaciones que condujeron al atroz suceso de septiembre de 2025.
El contenido del material incautado tras la detención de los principales sospechosos, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», y Matías Agustín Ozorio, revela una serie de instrucciones detalladas para la limpieza de la escena del crimen y la manipulación de pruebas. Se destacan órdenes directas a miembros de la banda para que asumieran la responsabilidad de ciertos vehículos clave, como el Fox blanco, bajo explícita amenaza a sus familias. Estos apuntes no solo constituyen una confesión indirecta de la autoría material, sino que exponen la modalidad de control territorial y el ejercicio de terror que la organización peruana imponía sobre sus operadores locales.
De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, el detonante del triple asesinato se enmarca en la disputa por un cargamento de estupefacientes, específicamente una cantidad considerable de «cocaína rosa» que habría sido sustraída. Informes sugieren que «Pequeño J» habría buscado venganza y recuperar una inversión de aproximadamente 30 kilogramos de droga, utilizando la tortura para obtener información sobre el paradero del botín. Este móvil, ligado directamente al narcotráfico transnacional, subraya la implicancia de la trata de personas y la extorsión como prácticas recurrentes de este grupo en barrios vulnerables del conurbano bonaerense.
La causa se complejiza por la participación de múltiples actores y la búsqueda activa de prófugos, incluyendo a figuras como Alex Roger Ydone Castillo, quien tendría un escalafón jerárquico superior dentro de la estructura. Expertos en seguridad señalan que la facilidad con la que los líderes pudieron operar y luego intentar evadir la justicia viajando a Perú refleja la debilidad en los controles migratorios y la necesidad de una cooperación internacional más ágil y efectiva en la lucha contra el crimen organizado que opera en la región.
El encuadre legal de la causa ha generado un intenso debate entre los letrados, quienes discuten si el delito debe ser calificado simplemente como un «triple crimen» o, dadas las características de las víctimas y la violencia desmedida, como un «triple femicidio narco». Más allá de la calificación, la evidencia recuperada, sumada a los testimonios y los videos incautados en los teléfonos de las víctimas, consolida la hipótesis de un plan orquestado y premeditado por la cúpula de la organización para impartir un castigo ejemplificador dentro del submundo del tráfico de drogas.
Se espera que este cuaderno, junto con el avance de las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, acelere los procesos de extradición y permita llevar a juicio a la totalidad de los responsables materiales e intelectuales. El impacto de esta prueba documental no solo es vital para obtener justicia para las familias de Brenda, Lara y Morena, sino que también sirve como una radiografía indispensable para comprender y desmantelar las sofisticadas dinámicas del crimen organizado que se infiltran en el tejido social argentino.
