La medida reactiva tensiones comerciales entre los dos países vecinos y abre interrogantes sobre los límites legales del poder arancelario del presidente estadounidense.
Donald Trump anunció la aplicación de aranceles del 50% a las importaciones provenientes de Canadá, utilizando como respaldo normativo una ley arancelaria antigua cuya constitucionalidad está siendo cuestionada por expertos legales. La decisión escala el conflicto comercial entre ambos países a un nivel que no se registraba en décadas y complica aún más una relación bilateral que ya venía deteriorada.
El mecanismo elegido por Trump para fundamentar la medida es una legislación que otorga al Ejecutivo estadounidense amplias facultades en materia arancelaria bajo determinadas circunstancias, pero cuya aplicación en este contexto genera serias dudas jurídicas. Especialistas en derecho comercial internacional señalaron que el uso de esa norma para imponer gravámenes de esta magnitud a un socio comercial de la envergadura de Canadá podría ser impugnable ante los tribunales.
Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá habían acumulado tensiones previas durante la administración Trump, en particular en torno a sectores como el acero, el aluminio, la madera y los productos lácteos. El acuerdo comercial que rige el vínculo bilateral fue renegociado durante el primer mandato de Trump, pero las fricciones no desaparecieron y este nuevo anuncio indica que el presidente estadounidense está dispuesto a presionar más allá de esos marcos negociados.
El dato más significativo no es el porcentaje del arancel sino el instrumento legal elegido: al recurrir a una ley antigua en lugar de los mecanismos comerciales habituales, Trump elude los procesos de negociación y consulta que normalmente requieren este tipo de medidas. Eso le da velocidad de implementación, pero también lo expone a litigios que podrían paralizar la aplicación de los aranceles antes de que tengan efecto económico real.
Canadá casi con certeza responderá con aranceles recíprocos, una táctica que ya empleó durante el primer mandato de Trump. Lo que está por definirse es si Ottawa optará por una respuesta proporcional o buscará escalar el conflicto para presionar una negociación más rápida. También está abierta la posibilidad de que empresas o estados afectados inicien acciones legales en tribunales estadounidenses para bloquear la medida.
Un arancel del 50% entre dos economías tan integradas como la estadounidense y la canadiense no es un ajuste marginal: afecta cadenas de suministro que funcionan de manera casi continua a lo largo de la frontera. Si la medida se sostiene en el tiempo, el impacto sobre sectores industriales en ambos países sería considerable. Por ahora, la mayor incertidumbre es legal: si los tribunales frenan la aplicación, Trump habrá generado ruido político sin consecuencias reales; si la confirman, el daño económico será difícil de revertir.
