Entre los expulsados hay al menos un ciudadano afgano que contaba con protección legal por temor fundado a represalias de los talibanes.
El gobierno de Estados Unidos ejecutó un vuelo de deportación hacia la República Centroafricana que incluyó a decenas de personas, entre ellas afganos que habían colaborado con el Ejército estadounidense durante la ocupación de Afganistán. La medida fue denunciada por abogados y organizaciones de defensa de los deportados.
Uno de los casos más resonantes es el de un afgano que contaba con protección legal en Estados Unidos precisamente por el riesgo que representa su vida en caso de ser entregado a los talibanes. Pese a esa condición, fue incluido en el vuelo. La República Centroafricana no tiene ningún vínculo directo con los países de origen de los deportados, lo que convierte al destino en una herramienta de presión o disuasión más que en una solución migratoria.
Desde que la administración Trump retomó el poder en enero de 2025, las deportaciones hacia terceros países —es decir, naciones que no son el país de origen del migrante— se convirtieron en una práctica sistemática. El caso más conocido fue el de deportados venezolanos enviados a El Salvador. Ahora, la misma lógica se aplica con destino africano.
Lo más perturbador del caso es la deportación de quien colaboró con las fuerzas estadounidenses. Si se confirma que tenía status de protección y fue deportado de todos modos, estaría en juego no solo una violación de normas migratorias sino también la credibilidad de EE.UU. como socio para quienes arriesgan su vida en alianza con Washington.
Abogados y activistas anunciaron que buscarán recursos legales para revertir algunas de las deportaciones, aunque una vez que el vuelo aterrizó en territorio centroafricano las posibilidades procesales se reducen drásticamente. El Congreso estadounidense podría ser otro escenario de disputa, aunque el bloque republicano mayoritario ha respaldado sin fisuras la política migratoria del Ejecutivo.
El episodio suma presión sobre la administración estadounidense en un momento en que su política exterior ya enfrenta cuestionamientos por el trato a aliados en distintos escenarios. Deportar a quien sirvió al Ejército de EE.UU. hacia un país sin relación con su causa no es solo un dato burocrático: es una señal que otros potenciales colaboradores del futuro leerán con atención.
