El Gobierno confirmó las fechas de pago y los nuevos montos para jubilaciones, AUH y pensiones. El bono de $70.000 se mantiene congelado, licuando parte del incremento real para los sectores más vulnerables.
Con la confirmación oficial del calendario de pagos para septiembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un nuevo incremento del 2,11% para todas sus prestaciones, en sintonía con la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes según la inflación. La medida, que impactará en millones de beneficiarios entre jubilados, pensionados y asignaciones familiares, busca compensar el costo de vida con el rezago habitual de la medición oficial, en medio de un escenario social complejo donde cada variación decimal define la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.
En términos nominales, la jubilación mínima quedará establecida en $498.633,20, cifra que resulta de sumar un haber actualizado de $428.633,20 más el refuerzo discrecional de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $412.872,97 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $373.013,85, mientras que la destinada a madres de 7 hijos llegará a los $499.591,22. Por su parte, la jubilación máxima se elevará hasta los $2.884.296, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $154.031 por menor a cargo, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se fijará en $77.025.
Este ajuste del 2,11% responde de manera directa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), bajo el esquema de movilidad mensual instaurado por el Ejecutivo. Esta metodología ata los ingresos de la seguridad social a la inflación con dos meses de retraso, lo que genera que los beneficiarios perciban en septiembre el impacto de la aceleración o desaceleración de precios ocurrida a mediados de año, obligándolos a correr siempre por detrás de la inflación real acumulada.
El dato político y económico más sensible detrás de estas planillas radica en la persistente decisión de mantener congelado el bono extraordinario de $70.000, una suma que lleva meses sin modificarse a pesar de la inflación acumulada. Al no actualizarse este adicional, el incremento real de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima no llega al 2,11% anunciado de manera general, sino que se reduce a un magro 1,8% efectivo sobre el total percibido el mes anterior. Este mecanismo de actualización parcial expone una sutil pero constante licuación de los ingresos reales en la base de la pirámide previsional, donde el bono representa una porción significativa del sustento diario.
El cronograma de pagos comenzará formalmente el martes 8 de septiembre para los documentos terminados en 0, tanto para jubilaciones mínimas como para la AUH, y se extenderá paulatinamente a lo largo del mes de acuerdo con la terminación del DNI. Los haberes que superan el mínimo comenzarán a liquidarse recién a partir del martes 22 de septiembre, coincidiendo con el inicio del desembolso de la Prestación por Desempleo. De cara a los próximos meses, la atención estará puesta en la viabilidad fiscal de sostener este esquema de bonos fijos o si el descontento social forzará una revisión legislativa que obligue a incorporar estos adicionales a la estructura básica del haber previsional.
Con un haber mínimo que apenas roza los 500 mil pesos incluyendo el subsidio extraordinario, la brecha frente a la canasta básica de los adultos mayores continúa ensanchándose. La confirmación del cronograma de ANSES para septiembre ratifica que la indexación automática ofrece previsibilidad administrativa, pero dista de garantizar la recomposición del poder adquisitivo perdida en los últimos años. El debate de fondo seguirá centrado en la sustentabilidad de un sistema que ajusta sus cuentas fiscales a expensas de retrasar los ingresos de los sectores que menos margen de maniobra tienen frente a la crisis.
