Las cámaras propusieron $468.000 recién para abril de 2027, pero el Ejecutivo ya evalúa fijar $437.000 por decreto en el mismo plazo.
La CGT rechazó la propuesta que hicieron las cámaras empresarias en la negociación por el Salario Mínimo Vital y Móvil. La oferta patronal era llevar el piso a $468.000, pero con vigencia recién desde abril de 2027, una demora que los representantes sindicales consideraron inaceptable dado el nivel actual de precios.
Ante el fracaso de la negociación entre privados y el cese sin acuerdo de las partes, el Gobierno nacional tomó la iniciativa: prepara un decreto para fijar el nuevo salario mínimo en $437.000, también desde abril de 2027. Es decir, la cifra oficial sería incluso inferior a la que ofrecieron los empresarios, aunque quedaría formalizada por vía legal.
El Salario Mínimo Vital y Móvil es el piso salarial legal para los trabajadores en relación de dependencia registrados. Su actualización debería surgir del Consejo del Salario, un ámbito tripartito integrado por el Estado, los empresarios y los sindicatos. Cuando ese espacio no logra acuerdo, el Ejecutivo tiene potestad de intervenir por decreto.
El dato más significativo: que el Gobierno fije por decreto un número inferior al que ofrecieron los propios empresarios revela que la prioridad oficial no es maximizar el ingreso de los trabajadores, sino controlar el piso para evitar presiones inflacionarias desde los costos laborales. La CGT queda en un lugar incómodo: rechazó $468.000 y podría terminar con $437.000.
Lo que viene es la publicación formal del decreto. Si se confirma el número de $437.000, la CGT deberá decidir si impugna la medida, convoca a alguna acción de protesta o acepta el piso como punto de partida para futuras negociaciones. Hasta ahora, la central obrera no adelantó pasos concretos más allá del rechazo a la oferta patronal.
En términos concretos, el salario mínimo vigente hoy queda muy por debajo de cualquier canasta básica. Que el nuevo piso —sea $437.000 o $468.000— rija desde abril de 2027 significa meses más de deterioro antes de cualquier corrección. Ese es el dato que más pesa para los trabajadores que cobran en torno al mínimo legal.
