Diputados y senadores impulsan en paralelo los procedimientos para remover al jefe de gabinete tras las controversias sobre su declaración patrimonial. La moción de censura busca desplazar al funcionario del cargo ejecutivo por presuntas irregularidades financieras.
El gobernador Kicillof se pronunció sobre el caso afirmando que «si fuera peronista, estaría preso» y mencionó «pendrives» con información comprometedora para la provincia. Los legisladores consideran que las explicaciones patrimoniales presentadas por Adorni resultan insuficientes para justificar su situación económica.
Los procesos parlamentarios continuarán la próxima semana con la presentación de nuevas pruebas. La oposición confía en reunir los votos necesarios para concretar la remoción, mientras el oficialismo defiende la gestión del funcionario cuestionado.
