El fallo de la Corte Suprema habilitó el escenario parlamentario, pero el oficialismo apuesta a impedir el quórum en Diputados el próximo jueves.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que desregulaba la compra de tierras por parte de extranjeros en Argentina. El fallo restableció provisoriamente los límites que fijaba la Ley de Tierras vigente antes del decreto, y encendió la discusión legislativa sobre la norma.
Tras el pronunciamiento del máximo tribunal, la oposición en la Cámara de Diputados ratificó su intención de sesionar el jueves 15 de octubre para derogar formalmente el DNU. El bloque oficialista de La Libertad Avanza, sin embargo, no tiene previsto facilitar ese camino: la estrategia del Gobierno consiste en bloquear el quórum para que la sesión no pueda realizarse.
La Ley de Tierras —sancionada originalmente en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner— establece restricciones a la venta de suelo argentino a ciudadanos y empresas extranjeras, con límites por superficie y por zona geográfica. Milei la desarticuló mediante el DNU 70/2023, el mismo mega-decreto que impugnaron distintos sectores desde el inicio de su gestión.
El dato que cambia la lectura es el carácter cautelar del fallo: la Corte no declaró inconstitucional el artículo, sino que lo suspendió mientras estudia el caso de fondo. Eso significa que, técnicamente, el debate legislativo y el judicial corren en paralelo, y cualquier definición del Congreso podría volverse irrelevante —o determinante— según lo que resuelva después el tribunal.
El escenario concreto para los próximos días es el siguiente: si la oposición consigue quórum el jueves 15, puede votar la derogación. Si el oficialismo logra evitar que se llegue a los 129 diputados necesarios, la sesión cae y la pelota vuelve exclusivamente a la Corte. Ninguno de los dos bloques tiene los números asegurados, y las negociaciones con los aliados circunstanciales definirán el resultado.
La Corte Suprema restableció una restricción que Milei había eliminado por decreto —una señal institucional de peso, más allá del alcance cautelar del fallo. Lo que ocurra el jueves en Diputados determinará si el Congreso también pone límites al avance desregulador del Ejecutivo, o si el Gobierno vuelve a demostrar que puede sostener sus reformas incluso sin mayoría parlamentaria.
