El máximo tribunal del país rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema argumentó que, al no existir sentencia definitiva en la causa, no corresponde intervenir en esta instancia.
La decisión implica que el gobierno deberá continuar actualizando las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, tal como establece la norma sancionada por el Congreso. La Casa Rosada había impugnado la cautelar sosteniendo que la ley era inconstitucional por comprometer recursos no previstos en el presupuesto vigente.
El fallo es un alivio para el sistema universitario público, que venía denunciando un desfinanciamiento crónico. Sin embargo, el conflicto de fondo —si la ley es o no constitucional— aún no tiene resolución definitiva, por lo que la tensión entre el Ejecutivo y las casas de estudio podría extenderse en el tiempo.
