La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., la controlante de la tradicional planta láctea La Suipachense, marcando el cierre definitivo de una de las empresas emblemáticas del oeste bonaerense y dejando a 140 trabajadores en la calle. Este fallo judicial, que formaliza una crisis que se arrastraba hace meses, con producción paralizada y salarios impagos, subraya la profunda crisis estructural que atraviesa la industria láctea argentina. La decisión judicial no solo significa la pérdida de una fuente laboral vital para la localidad de Suipacha, sino que también reaviva el debate sobre la sustentabilidad de un sector clave de la economía nacional.
La Suipachense, que en su apogeo llegó a procesar más de 250.000 litros diarios de leche, acumuló una deuda posconcursal que superaba los $8.458 millones, principalmente por cheques rechazados, a lo que se sumaron reclamos sindicales por más de $1.000 millones. La inestabilidad financiera se agravó en los últimos tiempos por un conflicto gremial que derivó en la ocupación del predio por parte de los trabajadores, quienes reclamaban por el atraso en el pago de haberes y aguinaldos. La empresa, vinculada al grupo venezolano Maralac, arrastra un historial de gestión cuestionada.
De acuerdo con un análisis de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), el cierre de La Suipachense se inscribe en un escenario de crisis sectorial que ya afectó a otras firmas de peso. La combinación de la caída del consumo interno, el endeudamiento creciente debido a la alta inflación y los costos operativos en ascenso conformaron una «tormenta perfecta» para las empresas lácteas. De hecho, la quiebra de Lácteos Conosur se suma a la reciente liquidación de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), también gestionada por el grupo Maralac, que producía postres para SanCor, y a la delicada situación financiera de la propia SanCor.
La pérdida de 140 puestos de trabajo directos tiene un impacto social y económico inmediato en la localidad de Suipacha, donde la planta láctea era uno de los principales motores de empleo. Desde el gremio se plantea ahora la necesidad de evaluar alternativas como la cooperativización de la planta, un mecanismo que busca preservar las fuentes laborales y la capacidad productiva, aunque su concreción suele ser compleja y requiere apoyo estatal y financiamiento.
Expertos económicos señalan que, más allá de la mala gestión empresarial, el sector lácteo requiere de políticas públicas específicas que mitiguen la volatilidad de precios, alivien la presión impositiva sobre la producción primaria y fomenten el consumo. La dependencia de insumos dolarizados y la dificultad para exportar con rentabilidad en el contexto actual complican el panorama, sugiriendo que el caso de La Suipachense podría no ser el último en el rubro.
La declaración de quiebra, que incluyó la inhabilitación del presidente de la firma, Jorge Luis Borges León, deja un panorama de profunda incertidumbre. El futuro de la planta y sus activos queda ahora en manos de la administración judicial. Mientras tanto, las 140 familias afectadas esperan respuestas concretas sobre sus indemnizaciones y el posible destino productivo de la fábrica, en un reflejo de la fragilidad del entramado industrial argentino.
