La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo del juicio por la causa «Cuadernos de las Coimas», uno de los expedientes de corrupción más voluminosos de la historia judicial argentina. La Sala I de Casación convocó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) para exigir un cambio de esquema, buscando intensificar el ritmo procesal con el objetivo de evitar una dilación innecesaria del proceso, que tiene entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Kirchner.
La principal preocupación de los jueces de Casación radica en la lentitud que impone el esquema actual de una única audiencia semanal, realizada de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Considerando que la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la primera acusación, firmado por el fiscal Carlos Stornelli, tiene más de 225.000 palabras, se estima que, a este ritmo, su finalización se extendería hasta la feria judicial de verano, un plazo inaceptable para la magnitud del caso.
Entre las medidas propuestas por la Cámara para imprimir mayor celeridad se encuentran la implementación de tres audiencias semanales, la reanudación de los debates de forma presencial y la utilización de la Sala AMIA en Comodoro Py, recientemente remodelada y con capacidad para albergar a los 87 imputados y sus defensas. Esta iniciativa responde a la advertencia previa de Casación, que ya había señalado que el formato remoto podría «debilitar las garantías procesales» y alargar el juicio innecesariamente.
Fuentes judiciales han indicado que la complejidad del expediente, que involucra a exfuncionarios y a la cúpula de importantes empresas contratistas del Estado en un presunto sistema de recaudación ilegal, requiere de una logística reforzada y de un compromiso institucional superior. Los jueces del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, deberán coordinar ahora con Casación y el Consejo de la Magistratura los recursos técnicos y humanos necesarios para sostener el nuevo y más exigente calendario.
La decisión de acelerar el juicio también se enmarca en la percepción pública y política sobre la impunidad en casos de corrupción de alto impacto. El magistrado Gustavo Hornos ha sido uno de los más insistentes en remarcar que un proceso de esta envergadura «no puede sostenerse con una audiencia semanal», haciendo hincapié en que la justicia debe actuar con eficiencia para mantener la credibilidad del sistema.
De concretarse el nuevo esquema, se espera que el juicio, que comenzó formalmente el 6 de noviembre, adquiera un ritmo mucho más dinámico. Esto no solo aceleraría la etapa de lectura y presentación de pruebas, sino que también apuraría los tiempos para el inicio de las declaraciones testimoniales y, en última instancia, la sentencia, un hito que la sociedad y el establishment político esperan con profunda expectativa.
