En una muestra de unidad frente a los conflictos legales internacionales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof celebraron el reciente fallo judicial relacionado con la expropiación de YPF. Ambos mandatarios emitieron declaraciones contundentes para defender la soberanía energética y contestar los cuestionamientos del presidente Javier Milei, quien había calificado el juicio como un desastre derivado de la mala praxis populista. Para el kirchnerismo, la resolución judicial no solo valida la decisión política de 2012, sino que expone la «absurdidad» de las demandas de los fondos buitre.
Cristina Kirchner utilizó sus plataformas digitales para argumentar que el litigio en Nueva York siempre tuvo una carga política más que jurídica. Según la exmandataria, la recuperación del control estatal sobre la petrolera fue una medida estratégica que permitió al país alcanzar niveles de inversión récord en Vaca Muerta. «El juicio era absurdo porque intentaba juzgar bajo leyes extranjeras una decisión soberana tomada por el Congreso Nacional», señaló en su análisis, enfatizando que los ataques del actual Gobierno son funcionales a los intereses financieros externos que buscan desguazar el activo energético más importante de Argentina.
Por su parte, Axel Kicillof, quien fuera una de las figuras centrales en el proceso de nacionalización, profundizó en los datos técnicos del caso. El gobernador recordó que la expropiación fue aprobada por una amplia mayoría legislativa, incluyendo sectores que hoy forman parte de la oposición. Para Kicillof, las críticas de Milei son «una cortina de humo» para justificar un posible intento de privatización futura de la compañía. Desde la provincia de Buenos Aires, el mandatario insistió en que el valor estratégico de YPF supera cualquier contingencia judicial coyuntural.
El cruce de declaraciones se produce tras un fallo que, si bien no resuelve la totalidad de las indemnizaciones pendientes, ha sido interpretado por el sector kirchnerista como un alivio procesal importante. Economistas cercanos al Instituto Patria sostienen que los montos reclamados originalmente por los demandantes eran desproporcionados y que la defensa del Estado ha logrado contener gran parte de las pretensiones de los fondos litigantes. No obstante, el oficialismo actual insiste en que la herencia de este juicio representa una deuda millonaria que condiciona las finanzas públicas.
La disputa por la narrativa de YPF es, en el fondo, una batalla por el modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno de Milei aboga por un esquema de mercado donde la petrolera sea una empresa privada competitiva sin injerencia estatal, el kirchnerismo reafirma la necesidad de una YPF estatal que actúe como motor de la industrialización. Este enfrentamiento dialéctico se intensifica en un contexto donde el sector energético es el único que muestra signos de crecimiento sostenido y capacidad de generar divisas genuinas para el Banco Central.
Hacia adelante, la resolución final del caso YPF seguirá siendo un punto de fricción en la política argentina. El impacto de las decisiones tomadas hace más de una década continúa resonando en los tribunales internacionales y en la mesa de discusión política nacional. Lo que queda claro es que, para el peronismo, la defensa de la petrolera de bandera es una bandera innegociable, mientras que para la administración actual es el ejemplo paradigmático de lo que consideran los errores del intervencionismo estatal.
