Washington apuntó contra 30 entidades vinculadas al narcotráfico y la corrupción estatal en México, con foco en las operaciones de Tijuana y Mexicali.
El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra los principales líderes del Cártel de Sinaloa y contra funcionarios estatales mexicanos con vínculos comprobados con el narcotráfico. La medida alcanza a 30 entidades en total y es una de las acciones más amplias tomadas por Washington contra esa organización criminal en lo que va del año.
Las sanciones fueron impuestas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo habitual para este tipo de medidas. Los blancos incluyen tanto a figuras del crimen organizado como a cargos estatales mexicanos que, según la acusación norteamericana, facilitaron o toleraron las operaciones del cártel en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, ambas en el estado de Baja California.
El Cártel de Sinaloa atraviesa desde hace meses una guerra interna entre facciones tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en territorio estadounidense, un episodio que sacudió la estructura de la organización. En ese contexto, las sanciones llegan en un momento de particular fragilidad institucional del cártel, aunque también de mayor violencia derivada de las disputas internas por el control territorial.
El elemento más significativo de las sanciones es que apuntan explícitamente a funcionarios estatales mexicanos, lo que tensiona aún más la relación bilateral entre Washington y Ciudad de México. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones las presiones norteamericanas en materia de seguridad, y este tipo de señalamiento directo suele derivar en rispideces diplomáticas.
México no ha respondido oficialmente a las sanciones al cierre de esta edición. Lo previsible, dado el patrón de respuestas anteriores, es que el Gobierno mexicano rechace cualquier señalamiento de complicidad estatal y reclame el respeto a la soberanía nacional. En paralelo, las entidades sancionadas quedarán bloqueadas del sistema financiero estadounidense.
Las sanciones no equivalen a extradiciones ni a procesamientos judiciales, pero tienen un efecto práctico inmediato: congelan activos, prohíben transacciones y aíslan a los designados del sistema bancario global. Para el Cártel de Sinaloa, ya debilitado internamente, es un golpe más en un año que no le está siendo favorable.
