El Gobierno nacional ha decidido retomar una de sus banderas más ambiciosas en materia de seguridad y justicia: la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Tras un 2025 donde el proyecto quedó estancado en la fase de comisiones debido a la falta de consenso con bloques opositores y la prioridad legislativa de las reformas económicas, el oficialismo busca ahora aprovechar un nuevo escenario político para convertir esta iniciativa en ley. La medida es considerada clave por el Poder Ejecutivo para combatir el avance del crimen organizado y la utilización de menores por parte de bandas delictivas.
La propuesta central del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, sugiere establecer la edad de imputabilidad en los 13 años, una cifra que ha generado profundas divisiones tanto en el ámbito parlamentario como en la sociedad civil. Actualmente, en Argentina, los menores de 16 años no son punibles, lo que, según el discurso oficial, genera un vacío legal que es explotado por las redes criminales en las zonas más vulnerables del país. El proyecto contempla no solo la posibilidad de juicio, sino también un sistema especializado de cumplimiento de penas orientado a la reinserción temprana.
Desde el sector judicial y organismos de derechos humanos, las posturas son críticas. Expertos en derecho penal juvenil advierten que una baja en la edad de imputabilidad sin un fortalecimiento paralelo de las políticas de asistencia social y educación podría ser contraproducente. De acuerdo a informes de Unicef y otros organismos internacionales, Argentina debe priorizar medidas restaurativas en lugar de punitivas, argumentando que el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 14 años es estadísticamente bajo en comparación con la criminalidad adulta.
En términos políticos, el oficialismo confía en que el respaldo de sectores de la «oposición dialoguista» le permita alcanzar el quórum necesario para tratar el proyecto en el recinto durante las sesiones ordinarias. Los antecedentes de 2025 muestran que la discusión suele polarizarse rápidamente, centrando el eje en la seguridad ciudadana versus la protección de la infancia. Para el Gobierno, esta reforma no es solo una promesa de campaña, sino una herramienta técnica necesaria para modernizar un código que consideran obsoleto y desconectado de la realidad delictiva actual.
El contexto económico también juega un rol indirecto en esta discusión, ya que la implementación de un nuevo régimen penal juvenil requeriría una inversión significativa en infraestructura carcelaria especializada y capacitación de recursos humanos. Según estimaciones del Ministerio de Justicia, se necesitaría la creación de centros de alojamiento que cumplan con estándares internacionales para evitar que los menores convivan con delincuentes mayores de edad, un punto que será objeto de debate presupuestario en las próximas semanas.
El desenlace de este debate marcará un hito en la agenda legislativa del año en curso. Si el proyecto logra avanzar, Argentina se alinearía con otros países de la región que han endurecido sus normativas juveniles, aunque el éxito de la medida se medirá realmente en su capacidad para reducir los índices de reincidencia. Por ahora, la presión social por mayor seguridad parece inclinar la balanza hacia un tratamiento acelerado, dejando abierta la incógnita sobre si el sistema judicial está preparado para absorber este cambio estructural.
