Tras el contundente respaldo que cosechó en Diputados, la Cámara Alta acelera los tiempos con la intención de llevar el proyecto al recinto el próximo 19 de noviembre. El Gobierno modificó su estrategia luego de una fuerte presión opositora y la reciente visita del Papa León XIV.
El Senado de la Nación pondrá en marcha este miércoles el tratamiento acelerado del proyecto de Ley de Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que el oficialismo busca convertir en ley antes de fin de mes. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Población fue convocado para las 16, con la expectativa de emitir dictamen de manera exprés y dejar el terreno listo para su votación en el recinto durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
El texto que llega al Senado cosechó un inusual consenso en la Cámara Baja, donde fue aprobado por una amplísima mayoría de 237 votos a favor, 9 en contra y apenas 4 abstenciones provenientes del bloque de la Izquierda. La iniciativa mantiene los ejes centrales reclamados por la oposición, tales como la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la compatibilidad de la pensión no contributiva con un empleo registrado.
Este avance legislativo marca un giro copernicano en la postura del Poder Ejecutivo, que debió modificar radicalmente su estrategia ante la fuerte presión opositora y la necesidad de desactivar un conflicto de alto impacto social y político. Fuentes parlamentarias reconocen que en este cambio de rumbo también talló simbólicamente la reciente llegada del Papa León XIV al país y su visita al Cottolengo Don Orione, un hogar especializado en la atención de personas con discapacidades severas y múltiples que puso el tema en el centro de la agenda pública.
Uno de los puntos más significativos del acuerdo alcanzado es que el oficialismo debió resignar la declaración formal de 'emergencia' —una herramienta que le otorgaba mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos— y aceptar la inclusión explícita de las partidas presupuestarias específicas para garantizar su financiamiento. Al respecto, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal de la medida ascenderá a 598.912 millones de pesos para el año 2027.
De acuerdo con el articulado sometido a debate, también se acotó el margen de discrecionalidad del Ejecutivo para fijar los requisitos de acceso a las pensiones, estableciendo por ley que los beneficiarios no deberán percibir ingresos netos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, se garantiza la continuidad del programa médico Incluir Salud para los titulares de pensiones por invalidez y se fijaron plazos perentorios: un máximo de 30 días corridos para notificar el cronograma de pago de deudas a prestadores y 90 días para su cancelación total.
Con el dictamen prácticamente asegurado para este miércoles, el oficialismo confía en evitar mayores rispideces en el recinto y cerrar un flanco legislativo complejo antes del recambio estival. La velocidad con la que se mueve la Cámara Alta evidencia la urgencia política de administrar un reclamo sensible que logró alinear a sectores opositores disímiles y que ahora transita su última estación parlamentaria.
