Tras los controversiales dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina, ambos ejecutivos revalidaron los tratados de 1881 y 1984. Además, José Antonio Kast renovó el respaldo a la causa Malvinas.
El Gobierno nacional buscó desactivar de manera definitiva el cortocircuito diplomático generado con Santiago de Chile y ratificó, mediante un documento bilateral conjunto, la soberanía exclusiva del país vecino sobre la "totalidad" del Estrecho de Magallanes. La resolución oficial se concretó tras el retorno del presidente Javier Milei desde Santiago de Chile, donde mantuvo una serie de encuentros políticos de alto nivel, con el objetivo explícito de sellar una grieta discursiva que había encendido alarmas geopolíticas a ambos lados de la cordillera.
El comunicado conjunto apela al sostén del derecho internacional para aventar cualquier duda estratégica: ambos mandatarios coincidieron en que el régimen jurídico del paso marítimo está regido con absoluta vigencia por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El texto fue rubricado tras la visita de Milei a Chile, instancia en la que se reunió con el presidente trasandino José Antonio Kast y brindó un discurso en el Foro de Madrid, en un viaje orientado a profundizar la integración económica y delinear acuerdos de cooperación bilateral.
La tensión que precipitó esta aclaración formal se había originado semanas atrás a raíz de las controvertidas declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde. En una entrevista difundida el pasado 24 de agosto, el jefe militar sostuvo que la Argentina debía "hacer presencia" en el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake por considerarlos una "llave bioceánica" determinante para la soberanía. Los dichos generaron un inmediato rechazo en Santiago, donde el canciller Francisco Pérez Mackenna remarcó la incontestable soberanía chilena y reclamó responsabilidad a los funcionarios extranjeros, lo que obligó al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, a contactar a su par chileno Fernando Barros para calificar el episodio como "una confusión y una desprolijidad".
Sin embargo, el elemento de mayor peso político en el tablero bilateral radica en el momento y la moneda de cambio diplomática elegida para dar a conocer el comunicado. La ratificación sobre Magallanes se difundió en la antesala de una cadena nacional en la que el Ejecutivo argentino prevé anunciar medidas vinculadas al conflicto del Atlántico Sur. En una maniobra de claro alineamiento geopolítico recíproco, Kast aprovechó el documento para reiterar el respaldo formal del gobierno chileno a los "legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
El rápido ordenamiento del escenario binacional busca aventar cualquier obstáculo legal o diplomático frente a los próximos pasos de la Casa Rosada en la causa Malvinas. Al dejar sin efecto la imprudencia verbal del mando militar y reconfirmar el marco normativo de 1984 —alcanzado en su momento mediante la mediación papal del cardenal Antonio Samoré tras rozar un conflicto bélico—, el Poder Ejecutivo procura mostrar cohesión institucional e hiperalineamiento estratégico con sus vecinos antes de formalizar anuncios ante la ciudadanía.
Con este cierre formal, la diplomacia argentina termina subordinando una fallida retórica castrense de "presencia bioceánica" a las necesidades políticas y de alianzas regionales del Poder Ejecutivo. El compromiso suscripto revalida límites territoriales históricos inamovibles de más de un siglo y despeja el terreno para que la Casa Rosada concentre su agenda internacional en el reclamo por Malvinas, apoyada sobre la garantía explícita del Palacio de La Moneda.
