El juez federal Julián Ercolini ordenó un exhaustivo peritaje sobre el patrimonio de María Soledad Calle, del líder metalúrgico Abel Furlán y de firmas vinculadas al manejo millonario de la obra social del gremio.
El juez federal Julián Ercolini ordenó una amplia batería de medidas de prueba para reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de María Soledad Calle —compradora del departamento ubicado justo debajo del de Cristina Kirchner en San José 1111—, del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y de una red de sociedades y directivos vinculados al manejo de fondos del sindicato. La decisión judicial se enmarca en una causa que investiga presunta defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita en perjuicio de la estructura gremial.
A partir de un requerimiento del fiscal federal Ramiro González, el magistrado libró oficios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para acceder a las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período 2022-2025 de Furlán, Calle, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato. La pesquisa no se detiene en las personas físicas: también exige el detalle contable, impositivo y de facturación cruzada de la firma USEM y de Grupo Vértice Global S.A., dos compañías sospechadas de intermediar en la administración de recursos de la UOM y de su obra social, OSUOMRA.
El expediente se originó a partir de una denuncia penal impulsada por la lista opositora interna de los metalúrgicos, encabezada por Ángel Derosso, que alertó sobre supuestas maniobras de desvío de fondos a través de contratos tercerizados. Para verificar ese circuito, Ercolini intimó a la Superintendencia de Servicios de Salud a entregar los balances 2023-2025 de OSUOMRA y aclarar si el convenio de prestación con USEM fue formalmente notificado y auditado por los canales regulatorios correspondientes.
El foco más llamativo del expediente apunta a la meteórica expansión de bienes de Calle, quien en agosto de 2025 adquirió la unidad de San José 1111 por 189.000 dólares, en el mismo edificio donde la expresidenta cumple su condena. La Justicia busca determinar el origen del dinero con el que se concretó esa operación y ordenó a los registros del automotor relevar vehículos asignados a su nombre o uso, entre ellos un BMW M135 xDrive y un Peugeot 3008, además de un dúplex de 170 metros cuadrados en La Reserva de Cardales y una casona de tres plantas en Campana, inmuebles que en conjunto rozan el medio millón de dólares.
Las próximas semanas serán determinantes a medida que ingresen los reportes solicitados a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales operaciones sospechosas, junto con los informes de cuentas bancarias solicitados al Banco Central y las tenencias en el mercado de capitales que deberá certificar la Comisión Nacional de Valores. Si el entrecruzamiento de datos no justifica los activos frente a los ingresos declarados, el juzgado quedará en condiciones de citar a indagatoria a la cúpula sindical y a los presuntos testaferros del entramado.
El avance judicial no sólo amenaza con desatar un temblor político dentro de la conducción de uno de los gremios industriales más tradicionales del país, sino que además deja bajo escrutinio judicial un llamativo cruce patrimonial e inmobiliario en el epicentro del domicilio de Cristina Kirchner.
