El nuevo plan de ajuste impulsado por el gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha desatado fuertes críticas entre expertos y trabajadores. La conducción de Nicolás Bronzovich, al frente del organismo, anunció la venta de 27 mil hectáreas distribuidas en 22 campos experimentales, una medida que busca reducir gastos y obtener ingresos extraordinarios. Además, se proyecta la eliminación de más de mil puestos de trabajo antes de fin de año, generando preocupación en el ámbito agroindustrial.
Los terrenos en cuestión, clave para investigaciones científicas y el desarrollo de tecnologías aplicadas al agro, forman parte del patrimonio histórico del INTA. Desde su creación en 1956, la entidad se ha consolidado como un referente en innovación agrícola, contribuyendo al aumento de la productividad y sostenibilidad del sector. «Este es un atropello denigrante y mercantil», expresaron en un comunicado conjunto varios expresidentes del organismo, quienes advierten que la decisión pone en riesgo la misión fundamental del instituto.
Según fuentes oficiales, la venta de los campos experimentales forma parte de una estrategia para «modernizar la institución» y «priorizar recursos». Sin embargo, gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el recorte podría paralizar investigaciones estratégicas en áreas como el manejo de plagas, la mejora genética y el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. Además, sostienen que el ajuste afectará la transferencia tecnológica hacia pequeños y medianos productores.
La medida también genera inquietud entre referentes del sector agropecuario. Eduardo Buzzi, exdirigente de la Federación Agraria Argentina, manifestó: «El desmantelamiento del INTA es un golpe directo a la competitividad del agro argentino. Estos campos no son solo tierras; son espacios de innovación y progreso para todo el país». Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hicieron un llamado al diálogo para frenar la iniciativa.
En el plano político, legisladores de la oposición anunciaron que impulsarán un pedido de informes en el Congreso para conocer los detalles del plan de ajuste. Por su parte, desde el oficialismo argumentaron que las decisiones responden a un contexto económico complejo que exige medidas de austeridad. Aun así, la falta de consenso y transparencia en torno a la venta de los terrenos ha intensificado la polémica.
El ajuste en el INTA no solo amenaza el futuro del sector agroindustrial, sino que también pone en jaque la capacidad del país para responder a desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Organizaciones científicas y sociales convocaron a una movilización para defender el rol estratégico del instituto, mientras la comunidad agropecuaria se mantiene alerta ante los posibles impactos de esta medida.
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