La administración nacional profundizó esta semana su política de descentralización vial al rubricar un acuerdo con Río Negro para transferirle la gestión de rutas nacionales. Se trata del cuarto convenio de este tipo concretado en lo que va del año, en el marco de negociaciones más amplias con los gobernadores del bloque dialoguista.
El esquema replicó el modelo aplicado previamente con Santa Fe, San Juan y San Luis, provincias que ya suscribieron acuerdos similares con la Casa Rosada. El traspaso implica que los distritos asumen la administración y el mantenimiento de corredores viales que hasta ahora dependían del Estado nacional, con las contrapartidas presupuestarias correspondientes.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de achicar su estructura operativa y delegar funciones a los gobiernos subnacionales, en sintonía con el programa de ajuste fiscal en curso. Los gobernadores aliados vienen negociando condiciones de financiamiento para garantizar que el traspaso no implique una carga insostenible para las arcas provinciales.
Las conversaciones continúan abiertas con otros distritos, y desde el entorno presidencial señalaron que esperan cerrar nuevos acuerdos antes de fin de año. El proceso reaviva el debate sobre el federalismo fiscal y los límites de la descentralización sin los recursos correspondientes.
