A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará modificaciones a la regla de ‘carga pública’, un criterio determinante para evaluar solicitudes de residencia permanente, conocida como green card. El cambio amplía la lista de beneficios públicos que las autoridades podrán tener en cuenta al analizar si un solicitante podría convertirse en una carga para el Estado.
Bajo la nueva norma, los evaluadores podrán considerar una mayor cantidad de programas de asistencia social al momento de decidir sobre las solicitudes, lo que eleva el umbral de exigencia para quienes aspiran a obtener la residencia. Los inmigrantes que hayan accedido a ciertos beneficios estatales podrían ver comprometidas sus chances de regularizar su situación migratoria.
La medida forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por la administración norteamericana, que busca limitar el acceso a la residencia legal a personas consideradas económicamente autosuficientes. Organizaciones de defensa de inmigrantes ya advirtieron que la regla podría desalentar el uso de servicios esenciales por temor a las consecuencias migratorias, generando un efecto disuasivo en comunidades vulnerables.
El impacto será especialmente relevante para la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, donde miles de personas se encuentran en procesos de regularización migratoria. Abogados especializados recomiendan revisar cada caso en detalle antes del 18 de septiembre para evaluar si la nueva normativa afecta los expedientes en trámite.
