El nuevo régimen de la Secretaría de Inteligencia entrará en vigencia en 2027. Se elimina la antigüedad como único criterio de ascenso y habrá evaluaciones anuales de desempeño obligatorias.
El Gobierno nacional cambiará por decreto el régimen de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) al crear un nuevo Estatuto para el Personal, una reforma estructural que busca diseñar una carrera profesionalizada para los espías argentinos e implementar, por primera vez, un sistema de selección abierto para los futuros agentes. La medida, que será oficializada con la firma del presidente Javier Milei, apunta a moldear el denominado "Cuerpo de Inteligencia de la Nación" bajo la premisa oficial de despolitizar un organismo históricamente cruzado por operaciones partidarias, sospechas de corrupción y el manejo discrecional de fondos reservados.
Según confirmaron el secretario de la SIDE, Cristian Auguadra, y el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, el nuevo estatuto comenzará a implementarse a partir del 1 de enero de 2027. La reforma estipula que los ascensos ya no dependerán de la mera antigüedad, sino que requerirán periodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitaciones obligatorias y evaluaciones de desempeño favorables. Para la transición de los agentes que actualmente están en funciones, el Gobierno aclaró que no deberán reingresar ni perderán su trayectoria, sino que se aprobará un régimen especial que reconocerá sus años de servicio, formación y antecedentes.
Este movimiento se inscribe en la profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional iniciada por la administración libertaria, que ya había devuelto el histórico nombre de SIDE a la ex AFI y redistribuido su presupuesto de seguridad. Desde el entorno presidencial justifican la medida señalando que los servicios de inteligencia locales sufrieron durante décadas la "improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo". Con esta reforma, la gestión de Milei busca dar una señal de modernización institucional hacia el exterior, especialmente ante agencias aliadas de Occidente con las que pretende estrechar lazos de cooperación estratégica.
El aspecto más llamativo e inesperado del proyecto es la convocatoria pública: habrá un llamado anual para acceder al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Quienes aprueben esta instancia no se convertirán en agentes definitivos de inmediato, sino que quedarán incorporados a una "planta condicional" por el plazo de un año, sometidos a un estricto monitoreo psicofísico antes de lograr la estabilidad. Además, la ENI sumará convenios con universidades locales y extranjeras para otorgar becas de especialización, aunque el estatuto mantiene cláusulas severas que obligan a los agentes a mantener el secreto profesional y de contrainteligencia de por vida, incluso después de haberse jubilado.
El decreto presidencial será publicado en los próximos días para iniciar el proceso de adecuación administrativa que liderará la cúpula de la SIDE durante todo el año 2026. No obstante, una reforma de este calibre en las entrañas del espionaje estatal despertará la atención inmediata de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, donde la oposición suele mirar con recelo cualquier movimiento normativo en el área. El gran desafío operativo será compatibilizar la anunciada "transparencia" de los concursos públicos con las lógicas necesidades de reserva y seguridad nacional que exige el reclutamiento de personal sensible.
La redefinición del rol del espía en la Argentina abre una etapa inédita que busca sepultar los viejos vicios de los servicios secretos a través de un esquema puramente meritocrático. Con el inicio formal fijado para el primer día de 2027, la SIDE se encamina a un filtro interno sin precedentes donde las evaluaciones anuales de conducta, conocimientos y aptitudes determinarán quiénes permanecen dentro de la estructura de inteligencia del Estado y quiénes quedan fuera de juego.
