Durante una nueva jornada ante el Tribunal Oral Federal 7, efectivos de seguridad explicaron los operativos de 2018. Un agente admitió desconocer cómo los medios sabían de la detención de Baratta y otro ratificó que no hallaron cuadernos en la casa de la exmujer de Centeno.
El juicio oral y público por la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción” atravesó una audiencia bisagra focalizada en los procedimientos iniciales de la investigación. Ante el Tribunal Oral Federal 7, efectivos de las fuerzas de seguridad expusieron los detalles de las primeras medidas judiciales concretadas en 2018, en el marco del expediente que juzga el presunto entramado de sobornos en las licitaciones de obra pública nacional entre los años 2003 y 2015.
En primer término prestó testimonio el policía Sergio Romero, quien tuvo a su cargo la ejecución de la orden de allanamiento, detención e incomunicación de Roberto Baratta, exsegundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Romero reconoció bajo protesta de decir verdad que ignoraba los motivos por los cuales la prensa ya aguardaba en la vía pública antes de que concluyera el operativo. En la misma jornada, el agente Adrián García reconstruyó la inspección realizada el 31 de julio de 2018 en el departamento de Hilda Horowitz, exmujer del remisero Oscar Centeno, desde donde fue trasladada hacia el juzgado federal.
El expediente principal tiene como figura central a la expresidenta Cristina Kirchner y busca determinar si existió una red sistemática de recaudación ilegal integrada por exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado. La causa tomó impulso a partir de los escritos atribuidos a Centeno, chofer de Planificación Federal, donde supuestamente asentaba la entrega de dinero en efectivo en distintas propiedades y dependencias oficiales bajo las órdenes del extinto juez Claudio Bonadio.
El punto de quiebre de la jornada ocurrió durante el interrogatorio al oficial García por parte de la defensa técnica de Baratta. El policía confirmó formalmente que durante la requisa efectuada en el domicilio de Horowitz no observó la presencia de bolsos ni de los manuscritos que le dieron nombre a la causa. Este dato dejó asentado en el acta del debate que la irrupción en esa vivienda estratégica finalizó sin el secuestro del material físico que la fiscalía considera la prueba matriz del expediente.
Esta confirmación otorga un insumo sustancial a las defensas de los imputados, quienes apuntan a invalidar los operativos iniciales fundamentando la existencia de filtraciones mediáticas previas y fallas en la cadena de custodia de la prueba. En los próximos meses, el tribunal continuará escuchando las declaraciones de otros efectivos y testigos presenciales, una etapa que será determinante para fijar la validez procesal de las actas redactadas durante la instrucción de Bonadio.
Las contradicciones y omisiones detectadas en los primeros procedimientos vuelven a colocar bajo la lupa judicial la rigurosidad con la que se instruyó el caso en sus horas iniciales. Con el avance de la fase testimonial ante el TOF 7, el debate se encamina a dirimir si los vicios procesales señalados por los acusados pueden condicionar la prueba central del juicio.
