Milei anunció un DNU para reforzar Defensa y crear un polo logístico frente al avance británico, mientras empresas de Punta Arenas buscan abastecer el proyecto petrolero.
El inminente inicio de la explotación petrolera en el yacimiento offshore Sea Lion, en aguas disputadas de las Islas Malvinas, forzó un viraje en la estrategia geopolítica de la Casa Rosada. A través de una cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció una ofensiva que trasciende la protesta diplomática tradicional: emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa y acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con el objetivo de consolidar una plataforma permanente de poder argentino frente a los recursos del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
La respuesta oficial apunta de lleno al consorcio integrado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que encabeza el proyecto en la cuenca norte de las islas. El paquete de medidas comunicado por el Ejecutivo incluye un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, reformas a la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra firmas que operen sin autorización de Buenos Aires y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia. En paralelo, el Gobierno prepara una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) para custodiar pasos bioceánicos y espacios estratégicos.
La decisión de poner a Ushuaia en el centro de la escena no constituye una improvisación, sino la aceleración de un plan concebido durante la gestión ministerial de Jorge Taiana, que la actual administración reconfiguró bajo su propio alineamiento internacional. El punto de inflexión tuvo lugar el 4 de abril de 2024, cuando Milei recibió en la capital fueguina a la entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, para supervisar el avance de la base. Aquella señal de respaldo de Washington transformó al puerto más cercano al continente blanco en una pieza clave de la arquitectura de seguridad regional.
Sin embargo, el dato más disruptivo no proviene únicamente de Londres, sino de la región chilena de Magallanes. Mientras Milei agradecía a su par trasandino José Kast el histórico respaldo chileno en los foros internacionales, actores económicos de Punta Arenas activaron un esquema para transformarse en el centro logístico del petróleo en Malvinas. Con una rueda de negocios convocada para el 28 y 29 de septiembre de 2026, la naviera Easter Island Line y el alcalde Claudio Radonich avanzan en el envío de alimentos, gas licuado e insumos a las islas, evaluando incluso operar bajo banderas de conveniencia para sortear las restricciones legales impuestas por Argentina.
Este corredor comercial amenaza con abrir una fisura diplomática de proporciones entre la Casa Rosada y el Palacio de La Moneda, un riesgo que ya fue advertido por el excomandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Julio Leiva. Al mismo tiempo, la Casa Rosada mira con expectativa la figura de Donald Trump, quien deslizó simpatía hacia el reclamo soberano argentino al calor de sus roces con Londres por la política hacia Irán; no obstante, los analistas recuerdan que la alianza histórica y de inteligencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña suele limitar cualquier giro definitivo en el tablero malvinense.
Con la explotación de Sea Lion a punto de desplegar una infraestructura marítima permanente en las islas y actores regionales dispuestos a prestar servicios comerciales a espaldas de los reclamos de soberanía, la disputa en el Atlántico Sur ingresa en una etapa determinante. El Gobierno nacional busca que la Base Naval Integrada de Ushuaia deje de ser una promesa presupuestaria para convertirse en un polo operativo real antes de que los hechos consumados consoliden la presencia británica en la plataforma continental argentina.
