A través de dos decretos publicados tras la cadena nacional de Javier Milei, el Ejecutivo reforzó las partidas militares, facultó a Cancillería a castigar la explotación no autorizada en el Atlántico Sur y blindó el acceso al RIGI.
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó un aumento presupuestario para el Ministerio de Defensa y puso en marcha un mecanismo administrativo para sancionar a empresas que operen en la plataforma continental argentina sin permiso. Las medidas se conocieron pocas horas después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei alertó sobre el avance de las perforaciones británicas en el Atlántico Sur y convocó a un acuerdo de largo plazo en materia de seguridad nacional.
El paquete normativo se instrumentó mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026. La primera norma reasigna partidas dentro del Presupuesto 2026 para el área castrense bajo el argumento de que una demora comprometería servicios esenciales, aunque sin detallar en el texto oficial el porcentaje exacto del incremento. En paralelo, el segundo decreto designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, estableciendo que cualquier organismo público que detecte actividades ilegales de exploración o explotación hidrocarburífera deberá denunciarlas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La ofensiva jurídica y presupuestaria surge en respuesta directa al avance de las tareas de extracción en la Cuenca Malvina Norte, donde el proyecto Sea Lion se perfila como el epicentro del conflicto por los recursos energéticos. Durante su mensaje, el jefe de Estado remarcó que la extracción de crudo en esa zona configura un despojo de recursos no renovables y advirtió que la consolidación material de esa infraestructura otorgará al Reino Unido mayores incentivos económicos para profundizar la ocupación de las islas.
El cambio regulatorio más significativo radica en el cerrojo que el Ejecutivo impuso sobre las inversiones locales: a partir de ahora, toda compañía que pretenda acceder a permisos bajo la Ley 17.319 de Hidrocarburos o acogerse a los beneficios fiscales y aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberá presentar una declaración jurada garantizando que ni ella ni sus socios participan de proyectos no autorizados en Malvinas. Con esta cláusula, Cancillería queda habilitada para auditar de oficio y bloquear a cualquier corporación internacional que mantenga intereses cruzados en las islas y en el continente.
El tablero institucional sumará ahora un nuevo frente en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo enviará un paquete de proyectos legislativos para crear el Consejo de Seguridad Nacional y regular la protección de infraestructuras críticas, así como el espacio aeroespacial y marítimo. A su vez, la Casa Rosada ratificó que impulsará la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, una pieza de infraestructura militar pensada para apuntalar el control logístico sobre el paso bioceánico y la proyección hacia la Antártida.
Con plazos administrativos perentorios de diez días para que los presuntos infractores hagan sus descargos antes de recibir sanciones, el Gobierno busca presionar a las operadoras internacionales para que elijan entre el mercado continental y los yacimientos en disputa. La efectividad de este nuevo esquema dependerá tanto de la capacidad de fiscalización de Cancillería como del respaldo parlamentario que consiga el paquete de leyes estratégicas en un Congreso fragmentado.
