La declaración jurada del Presidente no registró cambios en propiedades ni vehículos, pero sí un salto significativo en depósitos.
El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2026 y el número que surge del documento es llamativo: $295 millones en bienes y depósitos, lo que representa un incremento de casi $90 millones respecto a lo declarado en 2024. El aumento se concentra en depósitos, sin que haya variaciones registradas en inmuebles ni en los dos vehículos que ya figuraban en la declaración anterior.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, el patrimonio del mandatario creció de manera sostenida desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. La declaración es obligatoria para los funcionarios públicos de alto rango y debe presentarse ante la Oficina Anticorrupción. No se informaron detalles sobre la composición específica de los depósitos ni sobre si incluyen cuentas en moneda extranjera.
Milei llegó a la presidencia con un perfil económico singular: era conocido públicamente como economista y conferencista, actividades que le generaban ingresos antes de su ingreso a la política. Durante su gestión, además del salario presidencial, mantiene derechos de autor por libros publicados. Esos ingresos, sumados al sueldo del cargo, explican en parte la acumulación declarada.
El dato que merece atención es la magnitud del salto patrimonial en apenas dos años de gestión. Casi $90 millones de diferencia en un contexto de alta inflación relativizan parcialmente el crecimiento en términos reales, pero la variación nominal es significativa y habilita preguntas legítimas sobre la composición del aumento, información que la declaración pública no detalla con precisión.
No hay indicios de que la Oficina Anticorrupción haya abierto ninguna investigación ni formulado observaciones sobre la declaración. Es posible que organismos de control o bloques opositores soliciten más detalles sobre el origen del incremento patrimonial, aunque eso aún no ocurrió. Cualquier cuestionamiento formal debería canalizarse a través de los mecanismos institucionales previstos.
Lo concreto hasta ahora es que la declaración fue presentada en tiempo y forma, con los datos que la normativa vigente exige. El crecimiento patrimonial de un presidente en ejercicio siempre genera escrutinio público, más aún cuando la administración impulsa un discurso de austeridad. La diferencia entre lo declarado y lo que efectivamente puede rastrearse en detalle queda, por ahora, en manos de los organismos de control.
