El presidente Javier Milei firmó un decreto que redefine el cobro de derechos de autor en Argentina, eliminando la obligación de pagar por la reproducción de música, películas y otras obras artísticas en ámbitos privados. El decreto 765/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica el concepto de «representación o ejecución pública», limitando su aplicación a espacios de acceso público y destinados a una pluralidad de personas. Con esta medida, los hoteles, entre otros sectores, ya no tendrán que pagar por el uso de estas obras en sus instalaciones, lo que, según el Gobierno, se traducirá en una reducción de costos para el sector turístico.
La normativa anterior, establecida por el decreto N°41.223/34, exigía el pago de derechos de autor por la reproducción de obras artísticas, incluso en ámbitos privados, como hoteles o eventos de carácter no público. Sin embargo, el nuevo decreto especifica que solo se considerará «representación o ejecución pública» aquella que se realice en espacios de acceso libre y dirigida a un público diverso, dejando fuera de esta categoría las reproducciones en lugares privados, ya sea de ocupación permanente o temporal.
El Gobierno presentó esta decisión como un avance significativo en la desregulación de la propiedad intelectual, con el objetivo de reducir los costos operativos en sectores como la hotelería y el turismo. Manuel Adorni, vocero presidencial, subrayó que la eliminación de estos pagos podría mejorar los precios de las tarifas hoteleras, donde el costo por derechos de autor llegaba a representar hasta un 10% del servicio. Además, Adorni destacó que esta medida aliviará a otros sectores vinculados al turismo, generando un impacto positivo en la economía.
Sin embargo, la decisión no está exenta de controversia, ya que apunta directamente a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la entidad encargada de gestionar los derechos de autor en el país. Al calificar la medida como “¡Un curro menos!”, el Gobierno reafirma su intención de reducir lo que considera cargas innecesarias sobre la economía, aunque es probable que esta decisión genere reacciones y debates en la comunidad artística y entre las entidades defensoras de los derechos de autor.
