El Ejecutivo publicó el Decreto 868/2026, que traspasa el control de las infracciones a Cancillería y exige declaraciones juradas para impedir beneficios fiscales a firmas que operen sin aval en las islas.
El Gobierno formalizó el endurecimiento del régimen de sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. Mediante una reforma reglamentaria, la Casa Rosada resolvió blindar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para impedir que compañías vinculadas a operaciones en el archipiélago accedan a beneficios impositivos en el continente.
La medida se oficializó a través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el cual introduce modificaciones directas en la aplicación de la Ley 26.659. A partir de ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto asumirá el rol de autoridad de aplicación de la norma. Además, se fijó la obligación de que cualquier dependencia de la Administración Pública Nacional informe en un plazo de cinco días hábiles si detecta irregularidades, mientras que se acortaron los tiempos del sumario: los presuntos infractores tendrán diez días para presentar su descargo y el Estado otros diez para resolver las sanciones.
La normativa de base, aprobada en 2011 a partir de un proyecto del entonces legislador Fernando Pino Solanas, ya prohibía operar en la Plataforma Continental Argentina sin aval de las autoridades nacionales y derivó históricamente en la declaración de clandestinidad para diez compañías. En los considerandos del nuevo decreto, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que exige frenar modificaciones unilaterales en la zona mientras continúe abierta la disputa de soberanía con el Reino Unido.
El punto de mayor peso económico y político de la medida radica en el condicionamiento explícito al RIGI: los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que pretendan adherir al esquema deberán presentar una declaración jurada suscripta por sus representantes legales donde certifiquen no haber violado ni tener planes de violar la Ley 26.659, tanto a título propio como a través de firmas vinculadas. El texto argumenta que resultaría una contradicción sustancial otorgar exenciones y ventajas tributarias a corporaciones que desconocen activamente los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur.
La aplicación práctica de la norma trasladará a la Cancillería la responsabilidad de auditar las estructuras societarias de los consorcios internacionales que soliciten ingresar inversiones estratégicas en el país. Sin embargo, la publicación oficial exhibió un recorte frente al discurso presidencial: el decreto no incluyó otras medidas de peso geopolítico anticipadas por el mandatario en su última cadena nacional, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional o el avance sobre la base naval integrada de Tierra del Fuego.
Con la firma de este decreto, el Ejecutivo consolida una traba jurídica destinada a elevar el costo de operar en las islas para las multinacionales que también proyectan desembarcos en Vaca Muerta o el sector minero local. El alcance efectivo de la disposición quedará atado a la celeridad administrativa con la que se instrumenten las inhabilitaciones y a la suerte que corran los proyectos de infraestructura estratégica aún no reglamentados.
