La ambiciosa reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional atraviesa horas decisivas marcadas por una profunda división estratégica dentro de la Libertad Avanza. Mientras sectores del Senado buscan agilizar la aprobación de la Ley de Ficha Limpia mediante un tratamiento diferenciado, la Cámara de Diputados mantiene una postura intransigente, exigiendo que el proyecto se debata de forma integral. Esta falta de cohesión interna no solo demora el avance legislativo, sino que también expone las dificultades del oficialismo para consolidar un frente unido ante reformas estructurales de alta sensibilidad política.
La controversia se originó tras una reunión a puertas cerradas en el Senado, encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, y referentes de bloques dialoguistas como la UCR y el PRO. En dicho encuentro, se acordó «extirpar» la cláusula de Ficha Limpia del paquete general para tratarla de forma autónoma la próxima semana. Según fuentes legislativas, esta maniobra busca garantizar que quienes posean condenas por delitos de corrupción no puedan acceder a cargos públicos, evitando que la norma quede supeditada al incierto destino de la reforma electoral completa.
Sin embargo, la respuesta desde la Cámara Baja fue inmediata y contundente. Una delegación liderada por Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de diputados oficialista, y Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se trasladó al Senado para manifestar su rechazo a fragmentar el proyecto. Para los diputados, la fortaleza de la reforma reside en su conjunto y advierten que desmembrarla podría debilitar la posición negociadora del Gobierno frente a la oposición más dura.
A este escenario se suma la incertidumbre sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras que en Diputados se resisten a ceder terreno, en el Senado, Bullrich ha comenzado a explorar una «diagonal» ante la falta de votos asegurados. Entre las alternativas en estudio, cobra fuerza la propuesta del radicalismo de convertir las PASO en un sistema optativo, una solución intermedia que busca destrabar el debate en un Congreso donde el oficialismo se ve obligado a una negociación constante.
Desde el ámbito técnico, expertos constitucionalistas señalan que la Ley de Ficha Limpia requiere un amplio consenso para evitar futuras impugnaciones judiciales. El desafío del oficialismo radica en equilibrar la urgencia política de mostrar resultados en materia de transparencia con el rigor técnico necesario para que la ley sea efectiva. La presión social por reglas claras en el acceso a la función pública añade una capa extra de complejidad a un debate que ya excede lo meramente reglamentario.
El desenlace de esta puja interna definirá no solo el futuro del sistema electoral argentino de cara a los próximos comicios, sino también la capacidad de gestión parlamentaria del Gobierno. En los próximos días se verá si prevalece la estrategia de fragmentación para asegurar victorias parciales o si se mantiene la apuesta por un cambio sistémico total. Lo cierto es que, por ahora, el oficialismo navega en un mar de contradicciones que amenaza con dilatar una de las promesas de campaña más esperadas por su electorado.
