A través de un esquema de adelanto de regalías y cobro de peajes, la gestión de Rolando Figueroa busca intervenir 166 kilómetros de rutas para destrabar el cuello de botella logístico en el corazón del yacimiento no convencional.
El gobierno de Neuquén selló un acuerdo estratégico con trece de las principales compañías petroleras que operan en la provincia para financiar un paquete de obras viales por un total de 154 millones de dólares. El entendimiento apunta a la pavimentación y repavimentación de 166 kilómetros sobre las rutas provinciales 7, 8 y 51, arterias neurálgicas por las que transita diariamente el flujo pesado de insumos, maquinaria y personal con destino al yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Ante la saturación logística que genera el récord de extracción hidrocarburífera y la parálisis de la obra pública nacional, la administración provincial optó por una alianza directa con el sector privado para destrabar la infraestructura vial indispensable.
El convenio involucra a las operadoras YPF, Chevron, Pan American Energy, Shell, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Total Austral, Phoenix Global Resources, GeoPark, Harbour Energy y Continental. Según precisó la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), el aporte individual de cada firma se volcará a un fideicomiso y se calculará mediante una fórmula polinómica basada en la cuota de producción no convencional y en sus obligaciones fiscales con la provincia. Los desembolsos no se realizarán en una sola cuota, sino que se irán liberando a medida que se certifique el avance efectivo de las tareas viales, diseñadas para agilizar las conexiones con Añelo, Rincón de los Sauces y el eje productivo de Cutral Co y Plaza Huincul.
La ratificación política del acuerdo la encabezó el gobernador Rolando Figueroa durante su intervención en el encuentro Democracia y Desarrollo, organizado por el diario Clarín. La provincia arrastra un histórico déficit en sus vías de comunicación que contrasta de forma severa con los niveles de actividad que registra la cuenca neuquina. En ese foro, el mandatario provincial fundamentó la iniciativa asegurando que Neuquén se encuentra ejecutando inversiones viales e infraestructurales por más de 1.000 millones de dólares anuales, con el objetivo trazado de completar unos 1.000 kilómetros de rutas en el lapso de dos años para dotar de sustentabilidad social a la región.
Detrás de la presentación formal del esquema público-privado subyace una arquitectura financiera particular: la provincia no recurre al endeudamiento bancario tradicional ni al auxilio del Tesoro Nacional, sino que echa mano a adelantos de regalías que luego compensará con la implementación de peajes en las rutas involucradas. De esta manera, las operadoras anticipan de su propio bolsillo la caja que el Estado provincial cobraría a futuro, garantizándose que esos recursos vayan de forma directa al asfalto que reduce sus costos de transporte, en lugar de diluirse en el gasto corriente provincial. La jugada resuelve la urgencia del asfalto, pero compromete margen de maniobra fiscal sobre los ingresos futuros del Estado neuquino.
El mecanismo elegido toma como antecedente directo la construcción del bypass de Añelo —un trazado de 70 kilómetros sobre las rutas provinciales 8 y 17 y el Camino de la Tortuga, adjudicado a la UTE Luis Losi y Rovella Carranza con fecha de culminación prevista para octubre de 2027—. Sin embargo, mientras que aquel proyecto fue financiado y ejecutado en forma directa por un consorcio privado de diez empresas, este nuevo paquete de 166 kilómetros estará bajo la coordinación, fiscalización y titularidad exclusiva del Estado provincial. Los pasos inmediatos requerirán la constitución legal del fideicomiso, el llamado a licitación de los tramos faltantes y el armado de los esquemas operativos para el cobro del canon de peaje.
Con una producción hidrocarburífera en constante expansión, la viabilidad del modelo no convencional depende de que el transporte en superficie no se transforme en un cuello de botella infranqueable. La firma del acuerdo asegura la liquidez de 154 millones de dólares aportados por las corporaciones energéticas, trasladando la responsabilidad al Ejecutivo neuquino, que deberá demostrar capacidad técnica y celeridad administrativa para transformar los compromisos financieros en kilómetros de asfalto concretos antes de que el flujo vehicular paralice la actividad en los yacimientos.
