El jefe de la fuerza pasó a disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y un suboficial. El desvío de fondos supera los 938 millones de pesos y salpica a familiares de los encargados de liquidar los haberes.
El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, descabezó una estructura interna bajo sospecha de corrupción al relevar de sus funciones y enviar a disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y un suboficial. La medida, que sacude las entrañas de la fuerza, responde a una denuncia penal radicada ante el Juzgado Federal N° 2 por una millonaria maniobra de estafas reiteradas mediante el desvío sistemático de fondos públicos destinados al pago de sueldos.
La investigación interna expuso un fraude que inicialmente asciende a 938 millones de pesos —aunque en la fuerza admiten que la cifra real podría escalar hasta los 1.600 millones— a través de 645 acreditaciones bancarias irregulares realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. El mecanismo era de una precisión quirúrgica: se modificaban manualmente los registros digitales de liquidación de haberes después de pasar los controles rutinarios y justo antes de enviar los archivos de pago al Banco Nación. Una vez acreditado el dinero en cuentas de allegados y oficiales, los archivos volvían a alterarse para borrar el rastro y evitar que los montos inflados figuraran en los recibos oficiales.
El hilo de la madeja comenzó a desenredarse en febrero de 2026, cuando el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, detectó suplementos salariales injustificados en cinco agentes. Esto disparó una auditoría sobre un universo de más de 24.000 liquidaciones mensuales. El pase a disponibilidad dictado ahora por Romay suspende transitoriamente de sus funciones a los implicados por un año mientras avanza el sumario militar bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, un proceso paralelo al penal que puede culminar en la destitución efectiva de los uniformados.
El núcleo del escándalo apunta directamente a Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista, quien ante los investigadores admitió haber manipulado manualmente el sistema para beneficiar discrecionalmente a sus elegidos. El descaro de la maniobra queda en evidencia al analizar los destinatarios: el 44% del botín (más de 434 millones de pesos) fue a parar a manos de cuatro civiles sin ningún tipo de relación con la Armada. Entre ellos se destaca la esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, quien embolsó de manera directa 152 millones de pesos.
Con la denuncia penal en marcha, la mira judicial se posa sobre la complicidad de otros miembros de la fuerza, ya que se sospecha que la lista de oficiales beneficiados supera holgadamente los 23 identificados en una primera instancia. En el plano administrativo, la Armada se vio obligada a blindar su sistema financiero: separó definitivamente las áreas de liquidación, pago y conciliación para evitar que una sola firma concentre todo el proceso, además de resguardar computadoras y soportes digitales clave para las pericias tecnológicas que ordenará el juzgado.
Mientras el Ministerio de Defensa agita la bandera de la "tolerancia cero" ante la corrupción, la causa penal deberá determinar las responsabilidades de una red de desvíos que operó con asombrosa impunidad durante casi cuatro años. El reintegro de apenas 42 millones de pesos por parte de algunos implicados funciona casi como una confesión implícita de las maniobras. La Justicia Federal tiene ahora la tarea de desarmar una estructura delictiva que se financió con el presupuesto de la defensa nacional, bajo la sombra de un sistema de control que falló de manera sistemática.
