El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el proceso de divorcio en Argentina, permitiendo que los matrimonios puedan disolverse de manera más rápida y sin necesidad de acudir a la Justicia. La iniciativa, que habilita la disolución del vínculo matrimonial de común acuerdo a través de un acto administrativo ante el Registro Civil, promete acortar los tiempos y simplificar los trámites que, actualmente, suelen ser engorrosos y demorados.
Este «divorcio exprés», como ya ha sido denominado, se presenta como parte de un paquete más amplio de reformas legislativas enmarcadas dentro de un proyecto de “modernización judicial”, también promovido por el Poder Ejecutivo. El objetivo de estas reformas, según fuentes oficiales, es descomprimir el sistema judicial, que enfrenta un número creciente de causas relacionadas con divorcios, muchas de las cuales podrían resolverse en instancias administrativas sin necesidad de intervención judicial.
El proyecto establece que, en caso de acuerdo mutuo entre los cónyuges, el divorcio podrá realizarse directamente en el Registro Civil, donde ambos deberán firmar una solicitud para dar por terminado el matrimonio. Este proceso reduciría significativamente el tiempo de espera, que hoy en día puede extenderse por varios meses o incluso años, dependiendo de la jurisdicción y de la carga de trabajo de los tribunales.
No obstante, el procedimiento judicial seguiría siendo obligatorio en aquellos casos donde no exista acuerdo entre las partes, o cuando se presenten conflictos relacionados con bienes o la tenencia de hijos menores. El proyecto también contempla mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los hijos y la distribución equitativa de bienes, cuestiones que deberán resolverse en instancias judiciales si no hay consenso entre los cónyuges.
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es que busca adaptar el proceso de divorcio a los tiempos actuales, en los que los matrimonios tienen, en promedio, una duración más corta que en décadas anteriores. Según el último informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en Argentina se registran más de 130.000 matrimonios por año, mientras que el número de divorcios ha aumentado significativamente en los últimos diez años, alcanzando los 60.000 anuales. El proyecto busca dar respuesta a esta realidad y evitar la congestión judicial.
El proyecto de ley de «divorcio exprés» ha generado opiniones divididas en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos especialistas en derecho de familia valoran la simplificación del proceso, otros advierten que podría generar vacíos legales en la resolución de ciertos conflictos, especialmente en aquellos casos donde las parejas no tengan asesoramiento adecuado. Por ello, varios abogados especializados sugieren que el proyecto incluya instancias obligatorias de mediación familiar, aun en los casos de acuerdo mutuo, para evitar conflictos posteriores.
Por su parte, desde el Poder Ejecutivo aseguran que el objetivo principal es otorgar más autonomía a los individuos y desburocratizar procesos que, en muchas ocasiones, no requieren la intervención judicial directa. En línea con esta postura, la “modernización judicial” también incluye propuestas para agilizar otros trámites civiles, como sucesiones, tenencia de hijos y acuerdos prenupciales, siempre que las partes estén de acuerdo y que los derechos de los menores queden debidamente protegidos.
En resumen, el proyecto del “divorcio exprés” representa un paso significativo en la simplificación de los trámites matrimoniales en Argentina, buscando adaptarse a una sociedad en la que los tiempos y las necesidades han cambiado. Aunque aún debe ser debatido en el Congreso, si se aprueba, podría representar un cambio de paradigma en el derecho de familia, aliviando la carga judicial y ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente para quienes buscan finalizar su matrimonio de manera amigable.
