El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha habilitado a aeronaves y tripulaciones extranjeras para operar en vuelos de cabotaje dentro del país, en un contexto de conflicto con los gremios aeronáuticos, especialmente con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Esta medida, establecida a través del Decreto 844/2024, permite a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) otorgar autorizaciones para que personal y aeronaves extranjeras operen en rutas locales, sin necesidad de certificaciones argentinas, marcando un hito en la desregulación del mercado aéreo.
El conflicto se intensificó luego de una serie de huelgas por parte del sindicato de pilotos, afectando miles de vuelos. Ante estas medidas de fuerza, el gobierno busca alternativas para garantizar la conectividad nacional y evitar nuevos paros, motivo por el cual ha entablado negociaciones con empresas privadas como GOL y JetSmart, que podrían reemplazar los servicios de Aerolíneas Argentinas si la situación continúa deteriorándose.
Por su parte, el gremio liderado por Pablo Biró ha acusado al gobierno de «politizar» un reclamo estrictamente salarial, argumentando que la decisión de permitir la entrada de personal extranjero pone en riesgo los empleos nacionales. A pesar de las críticas, desde el Ejecutivo se sostiene que la apertura del mercado aéreo ayudará a mejorar la competitividad y a aumentar las inversiones en el país, permitiendo un servicio más eficiente y accesible para los usuarios.
La medida también forma parte de un plan más amplio que incluye la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, una opción que está siendo evaluada seriamente por el gobierno. Sin embargo, esta privatización aún enfrenta obstáculos legales, ya que el Congreso no ha dado luz verde a dicha venta.
Desde el sector privado, se muestran interesados en aprovechar las oportunidades que esta liberalización del mercado ofrece. A largo plazo, se espera que la competencia impulse la eficiencia del sector, aunque el impacto sobre los derechos laborales y las condiciones de los trabajadores sigue siendo una de las principales preocupaciones.
El decreto también incluye un marco de regulación técnica que será implementado por la ANAC, alineando las normativas argentinas con los estándares internacionales. Se prevé que esta desregulación incremente la conectividad federal, facilitando el acceso a transporte aéreo a más provincias y regiones del país, lo que podría beneficiar al turismo y a otros sectores productivos clave.
Mientras tanto, el gobierno busca avanzar en estas reformas ante un panorama económico complejo, utilizando medidas que buscan tanto reactivar la economía como desafiar las estructuras tradicionales del sector aerocomercial en Argentina
