El sector aguacatero de Michoacán, México, retomó sus exportaciones hacia Estados Unidos luego de un período de interrupción motivado por razones de seguridad. La reanudación trajo alivio a miles de trabajadores y productores que dependen de esta industria, aunque el temor no desaparece del todo en la región.
El paro había sido decretado tras incidentes vinculados al crimen organizado que opera en la zona, una problemática estructural que condiciona la actividad agrícola en ese estado. El aguacate mexicano representa una porción significativa del mercado estadounidense y su interrupción generó impacto directo en precios y abastecimiento al norte de la frontera.
La reanudación implicó el despliegue de medidas de seguridad adicionales en huertas y empacadoras, buscando garantizar que la cadena productiva funcione sin interrupciones. Sin embargo, productores y trabajadores reconocen que la situación sigue siendo frágil mientras el Estado no logre desarticular las redes criminales que extorsionan al sector.
El caso michoacano es un reflejo de los desafíos que enfrenta México para atraer inversión y sostener exportaciones estratégicas en un contexto de violencia estructural. Las relaciones comerciales con Estados Unidos dependen, en parte, de que este tipo de corredores productivos funcionen con estabilidad y previsibilidad.
