El Ejecutivo peruano solicitó al Congreso 120 días para gobernar por decreto en materia económica y de seguridad. Sin embargo, detrás de la promesa de impulsar el empleo joven con incentivos a empresas, persisten serias dudas sobre la letra chica y el control de los fondos.
El Ejecutivo de Perú le pidió formalmente al Congreso la delegación de facultades legislativas durante un plazo de 120 días, con el argumento de acelerar respuestas frente a la crisis de seguridad, la falta de inversión privada y el deterioro del mercado de trabajo. La medida apunta a esquivar los tiempos del debate parlamentario ordinario para dictar normas directas, en un escenario donde el desempleo en la población joven trepó al 10,7% en 2025, una cifra que duplica la media nacional y expone las crecientes dificultades para acceder a puestos de trabajo formales.
El paquete laboral contempla seis iniciativas orientadas a dinamizar el empleo juvenil mediante el financiamiento estatal para contrataciones en el sector privado y programas de capacitación. Sin embargo, el proyecto remitido por el Gobierno se caracteriza por la ambigüedad de sus términos: no especifica qué empresas podrán acceder a los subsidios, qué condiciones deberán cumplir para recibir los beneficios, ni qué monto presupuestario se destinará a cubrir la medida. Tampoco establece criterios objetivos para seleccionar a los jóvenes beneficiarios ni metas cuantitativas para evaluar si la intervención fue efectiva.
El trasfondo económico muestra que la recuperación posterior a la pandemia no derramó de igual manera en todos los sectores. Mientras el empleo general mostró signos de estabilización, la franja juvenil quedó rezagada por barreras de acceso, falta de experiencia previa e insuficiencias en la formación técnica. A este cuadro se suma la explosión de la delincuencia: según análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo, las extorsiones a comercios y pymes se quintuplicaron desde el período prepandemia. Este clima de inseguridad no solo frena aperturas de locales y nuevas inversiones, sino que destruye de manera directa la generación de primeros empleos.
El aspecto más crítico de la propuesta gubernamental radica en la ausencia de salvaguardas operativas para evitar avivadas corporativas. Sin un diseño reglamentario estricto, los subsidios a la contratación corren el riesgo de transformarse en un incentivo perverso: las empresas podrían reemplazar trabajadores estables y con antigüedad por jóvenes subsidiados por el Estado, precarizando la nómina salarial sin generar empleo neto real. Además, la iniciativa no aclara si los nuevos contratos incluirán aportes a la seguridad social ni qué pasará con la continuidad laboral una vez finalizado el incentivo estatal.
Con el pedido formal ya ingresado, la pelota pasa ahora a la cancha del Congreso peruano, que deberá definir si otorga la delegación total, si impone límites estrictos o si exige modificaciones previas al texto. De aprobarse las facultades, el Ejecutivo quedará habilitado para promulgar decretos legislativos durante cuatro meses, pero la última palabra la mantendrá el Parlamento, que está obligado a revisar cada norma emitida y verificar que no haya excesos respecto de los márgenes fijados por la ley autoritativa.
La utilización de facultades extraordinarias suele presentarse como el atajo institucional idóneo ante emergencias socioeconómicas, pero su eficacia real no depende del apuro normativo sino del rigor técnico de la reglamentación. En un mercado jaqueado por la extorsión delictiva y la informalidad, la delegación legislativa se encamina a ser un cheque en blanco a favor del Ejecutivo o, por el contrario, una oportunidad para exigir indicadores transparentes que garanticen empleo joven de calidad.
