El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que tiene como principales imputados a la familia Sena, ha dado un giro significativo con la objeción formal de la defensa sobre tres videos cruciales para la causa. En una audiencia preparatoria, los abogados defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena argumentaron que estas pruebas audiovisuales están «contaminadas por el relato acusatorio» y que su interpretación subjetiva podría influir indebidamente en el jurado popular. La decisión final sobre si los videos serán admitidos en el juicio recaerá en la jueza Dolly Fernández.
Los fiscales del Equipo Fiscal Especial (EFE) han defendido la validez de las pruebas. Argumentan que los videos fueron obtenidos de manera legal y peritados correctamente, formando parte de una secuencia cronológica que busca reconstruir los hechos del crimen y el posterior encubrimiento. La evidencia incluye una grabación de Cecilia ingresando a la casa de la familia Sena en Santa María de Oro, junto a su esposo César, el 2 de junio de 2023. Esta imagen es fundamental para la acusación, ya que es uno de los últimos registros de la joven con vida.
Además del video de ingreso, la defensa ha cuestionado dos grabaciones más que vinculan a los Sena con el presunto encubrimiento. Un segundo video muestra a César Sena y Gustavo Obregón transportando una bolsa de gran tamaño en una camioneta, la cual la fiscalía sostiene que contenía el cuerpo de la víctima. Un tercer registro capta a Obregón comprando bolsas de consorcio, que se habrían utilizado para descartar las cenizas de Cecilia. Estas pruebas son consideradas por la acusación como eslabones irrefutables que conectan a los imputados con la desaparición y posterior encubrimiento del crimen.
La estrategia de la defensa se centra en la «contaminación» de la prueba, argumentando que el contexto narrativo de la acusación ha moldeado la forma en que estas grabaciones son percibidas, restándoles valor probatorio objetivo. Este movimiento legal busca socavar la solidez de la evidencia visual, lo que podría tener un impacto sustancial en el veredicto del jurado popular, cuya sensibilidad a las imágenes explícitas podría ser determinante en la decisión final.
El caso, que ha captado la atención nacional e internacional por sus detalles macabros y sus implicaciones políticas en la provincia del Chaco, enfrenta ahora una instancia crítica. La jueza Fernández deberá sopesar los argumentos de ambas partes antes de que el juicio por jurados, programado para el 28 de octubre, pueda avanzar. Su decisión no solo definirá la evidencia que se presentará en la sala, sino que también sentará un precedente sobre la admisibilidad de pruebas digitales en casos de alta conmoción social.
El veredicto final sobre la validez de los videos marcará el rumbo del proceso judicial, determinando si la principal evidencia visual de la fiscalía se mantendrá o si los acusados lograrán debilitar la cadena de pruebas. La resolución de este punto definirá el tono y la narrativa que predominarán durante el juicio, y el público aguarda expectante el desenlace de esta compleja trama judicial.
