El sector Pyme, representado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ha elevado una fuerte preocupación respecto al incremento y la naturaleza de los juicios laborales en el país. Salvador Femenia, portavoz de la entidad, sostuvo públicamente que «se inician juicios laborales por casi cualquier motivo», poniendo en evidencia un fenómeno que, según los empresarios, se ha transformado en una «industria» que amenaza la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. Esta crítica resurge en un momento clave de debate sobre la necesidad de una reforma laboral profunda que brinde mayor previsibilidad al ecosistema productivo.
La Cámara argumenta que el actual marco normativo y la interpretación jurisprudencial han generado un escenario de alta litigiosidad e incertidumbre que desalienta la creación de empleo formal. Femenia ha insistido en que, si bien no buscan vulnerar los derechos de los trabajadores, las pymes requieren reglas claras y, fundamentalmente, la mitigación de los costos indemnizatorios y las contingencias asociadas a la desvinculación. Un factor central de su crítica es la dificultad de predecir el monto final de las indemnizaciones, a menudo ajustadas por índices que, denuncian, no reflejan la realidad económica de las empresas.
El problema, de acuerdo a los análisis presentados por CAME, se agrava en el contexto de una crisis de actividad que el sector arrastra desde 2018 y que se ha profundizado en el último período, con pérdidas estimadas en miles de empresas y puestos de trabajo. Para la entidad, el riesgo de un juicio laboral con montos impredecibles es, en muchos casos, un factor decisivo para que una pyme opte por no contratar nuevo personal o, peor aún, decida cerrar sus puertas. Se enfatiza que las pymes, a diferencia de las grandes corporaciones, no poseen la estructura financiera para absorber un alto número de litigios costosos.
Una de las demandas centrales de CAME se centra en la «industria del juicio», un término utilizado para describir un sistema donde la mayor parte de la compensación económica, según Femenia, no termina en manos del trabajador, sino que se distribuye entre otros actores del proceso legal. Para contrarrestar esto, la entidad ha sugerido la implementación de un sistema de previsibilidad o el uso de un fondo de cese laboral con límites preestablecidos, una propuesta que se alinea con proyectos de reforma que buscan reducir la contingencia para el empleador.
Este reclamo empresarial se inserta en la discusión sobre la reforma laboral que el gobierno nacional ha intentado impulsar a través de diversos instrumentos legales. Sin embargo, CAME ha expresado cautela, temiendo que cualquier cambio se oriente únicamente a beneficiar a las grandes corporaciones (como las incluidas en regímenes de inversión especiales) y no atienda las especificidades de la micro y pequeña empresa, que es el motor de gran parte del empleo argentino. La entidad sostiene que una reforma exitosa debe enfocarse en la realidad pyme para tener un impacto real en el empleo registrado.
A futuro, el diagnóstico de CAME establece un desafío bipartito: para el Gobierno, la necesidad de diseñar una reforma que equilibre la protección del trabajador con la previsibilidad empresarial; y para el sector privado, la urgencia de colaborar en la búsqueda de consensos que permitan destrabar el estancamiento del mercado laboral. Mientras la litigiosidad continúe siendo un factor de riesgo existencial para las pymes, la reactivación del empleo formal en Argentina se mantendrá como una promesa difícil de concretar.
