El juez Julián Ercolini busca determinar si María Soledad Calle actuó de ambos lados del mostrador en un contrato del gremio metalúrgico. Se ordenaron peritajes sobre propiedades, autos de lujo, embarcaciones y viajes al exterior.
La investigación judicial por presunta administración fraudulenta contra la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dio un paso decisivo tras la decisión del juez federal Julián Ercolini de levantar el secreto fiscal y bancario de María Soledad Calle, la dirigente camporista que adquirió el departamento ubicado justo debajo de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner. La medida alcanza también al jefe del gremio metalúrgico, Abel Furlán, y apunta a desentramar una red de contrataciones opacas que movía cerca de 100 millones de pesos mensuales en comisiones destinadas a la administración de aportes.
El expediente busca reconstruir cómo Calle acumuló un relevante patrimonio mientras se desempeñaba en la órbita sindical. Entre los bienes en la mira figura el inmueble porteño de la calle San José 1111, adquirido en agosto de 2025 por 189.000 dólares, además de un dúplex de 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casona de tres plantas en Campana contigua a un edificio de la UOM, valuados en conjunto en al menos 450.000 dólares. A esto se suma el 50 por ciento de un vehículo de alta gama BMW M135 X Drive de 70.000 dólares —registrado en CABA pese a conservar su domicilio en provincia— y un Peugeot 3008 modelo 2023.
El origen de los fondos bajo sospecha remite a la creación de la firma USEM en 2023, constituida poco antes de que la UOM le otorgara de manera directa la administración de los aportes de sus afiliados a cambio de una retribución del 0,5% del total del dinero gestionado. La principal hipótesis judicial sugiere que Calle estuvo posicionada simultáneamente en los dos extremos de la negociación: como parte constitutiva de la empresa proveedora y como integrante del entorno directo del secretario general Furlán, contando además con la participación de su socio Adalberto Braconi, exfuncionario de Zárate y con antecedentes en Nucleoeléctrica Argentina.
Más allá de los inmuebles y vehículos personales, la resolución del juzgado puso el foco sobre los movimientos logísticos y de capital del gremio y sus dirigentes. Ercolini requirió a la Prefectura Naval un informe exhaustivo sobre embarcaciones registradas a nombre de los implicados desde 2022 y encomendó al Registro Automotor la nómina de una flota entera de ocho vehículos de último modelo adquiridos por la UOMRA solo en 2025, incluyendo modelos como Toyota Corolla Cross, Jeep Compass y VW Taos. A su vez, los registros migratorios revelaron un febril flujo internacional de Calle con 35 viajes al exterior entre 2023 y 2025 a destinos como Francia, Italia y Sudáfrica, los cuales la imputada justifica por sus funciones en la federación sindical internacional IndustriALL.
Con la orden judicial cursada, organismos clave como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberán remitir en los próximos días las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período 2022-2025, la historia laboral y eventuales reportes de operaciones sospechosas. Aunque el juez optó por desestimar momentáneamente la solicitud de allanamientos formulada por la querella, el entrecruzamiento de estos datos con los estados contables de USEM y el Grupo Vértice marcará el ritmo para definir las próximas citaciones a indagatoria.
El avance sobre la contabilidad de la vecina del piso de abajo expone una trama donde la militancia política, el sindicalismo tradicional y los negocios de gestión privada se entrecruzan. La resolución de Ercolini pondrá a prueba la solidez del argumento defensivo sustentado por Calle, determinando si las millonarias compras patrimoniales guardan estricta correlación con sus ingresos declarados o si constituyen la derivación de un esquema sistemático de desvío de aportes sindicales.
