El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha decidido que la provincia no se adherirá al régimen de blanqueo de activos lanzado por el presidente electo Javier Milei. La medida impactará en los contribuyentes que, al haberse acogido a la regularización fiscal a nivel nacional, esperaban beneficios tributarios a nivel provincial. Sin embargo, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) mantiene su postura de continuar con el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos, generando incertidumbre y preocupación entre quienes ya han declarado activos previamente no registrados.
La decisión de Kicillof genera una controversia importante en el ámbito tributario, ya que marca una diferenciación entre la provincia de Buenos Aires y la política fiscal a nivel nacional. Según expertos tributaristas, esta medida podría desalentar a los contribuyentes bonaerenses a participar en el blanqueo, dado que no contarían con una exención total de impuestos a nivel provincial. Además, se advierte que la falta de adhesión de Buenos Aires podría crear un precedente para que otras provincias adopten posturas similares, complicando la implementación del régimen de blanqueo en todo el país.
ARBA podrá exigir el pago de Ingresos Brutos sobre aquellos activos que fueron blanqueados en el marco de la ley nacional, lo que implica un tratamiento fiscal diferenciado. Los tributaristas han señalado que esta medida añade una carga impositiva adicional para quienes regularizaron sus activos, sumando a los costos ya asumidos para adherirse al blanqueo nacional. Esta situación ha despertado críticas, especialmente entre empresarios y profesionales que habían apostado por transparentar su situación fiscal.
Entre las críticas, algunos expertos advierten sobre una posible doble imposición, ya que los contribuyentes que adhirieron al régimen de blanqueo nacional enfrentarán impuestos a nivel provincial que en otros distritos podrían estar exentos. Esta situación contradice el espíritu de unificación fiscal que se buscaba desde el gobierno nacional y podría incluso abrir la puerta a presentaciones judiciales por parte de los afectados, quienes podrían argumentar un trato desigual.
En cuanto a los contribuyentes de otras provincias, la decisión de Buenos Aires podría actuar como un disuasivo, especialmente para aquellos interesados en el blanqueo que residen en jurisdicciones con políticas fiscales más estrictas. La incertidumbre se extiende a los próximos meses, ya que otras provincias también evalúan si adherir o no al régimen, lo cual podría derivar en una implementación dispar y dificultosa para el gobierno nacional, que busca incentivar la formalización de activos no declarados.
La falta de adhesión de Buenos Aires podría impactar en la recaudación del blanqueo, una herramienta crucial para el plan de estabilización económica del futuro gobierno de Milei. Contribuyentes y tributaristas estarán atentos a las decisiones fiscales de otras provincias, mientras que en Buenos Aires los contribuyentes que ya blanquearon sus activos enfrentan un escenario de carga tributaria adicional que podría reducir la efectividad y el atractivo de la medida nacional.
