La empresa de Cristian Malaspina, secretario general de la AFA, fue la única oferente en una contratación de casi $180 millones para un servicio de inteligencia artificial. El vínculo con Juan Bautista Mahiques y la sombra de las causas judiciales cruzadas.
Una empresa controlada por Cristian Malaspina, actual secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y uno de los hombres de máxima confianza de Claudio "Chiqui" Tapia, resultó adjudicada con un contrato de casi 180 millones de pesos en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El millonario desembolso se destinó a una consultoría de inteligencia artificial, un área ajena al fútbol pero muy lucrativa para el dirigente deportivo. El expediente se cerró formalmente en un contexto de estrechos vínculos políticos e institucionales: el organismo que otorgó los fondos estuvo conducido hasta hace poco por Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación y un hombre con aceitados lazos con la cúpula de la calle Viamonte.
De acuerdo con los documentos oficiales de la Licitación Pública N° 10/26, firmados por el fiscal general adjunto Pablo Esteban Garcilazo, la ganadora de la compulsa fue la firma DataCloud SA, de la cual Malaspina es socio fundador, director titular y presidente, mientras que su padre Pedro Malaspina figura como director suplente. El monto adjudicado asciende exactamente a los $179.685.000, una cifra apenas inferior al tope máximo de $180 millones que el propio Estado porteño había fijado para la contratación. El trámite administrativo avanzó sin mayores obstáculos por una razón muy simple: la empresa del dirigente de la AFA se presentó como la única oferente para el servicio, eliminando de antemano cualquier tipo de competencia de precios o condiciones.
Este no es un hecho aislado, sino la consolidación de una trayectoria en los negocios tecnológicos que Malaspina inició en 2011 con la firma DataWise SA y que profundizó en marzo de 2021 con la constitución oficial de DataCloud SA. Ambas estructuras sirvieron de plataforma para desembarcar en la Justicia de la Ciudad. El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de la Defensa porteño ya le había otorgado, mediante la Licitación N° 23/24, un contrato de 85.000 dólares para el alojamiento de servidores en la nube, donde la empresa de Malaspina también corrió sola y sin rivales comerciales. Sumando ambas operaciones, la firma cosechó más de 263 millones de pesos de las arcas públicas locales bajo la órbita de influencia de Mahiques antes de su salto al Gobierno nacional.
El dato más llamativo es el fuerte contraste entre los éxitos comerciales de Malaspina en el sector público y su turbulento frente judicial. El presidente de Argentinos Juniors estuvo procesado en el fuero penal económico por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social en carácter agravado, en una causa impulsada por la agencia fiscal ARCA que investiga una presunta evasión en la AFA de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. Aunque la Cámara de Apelaciones revocó la medida por considerarla "prematura", el dirigente sigue bajo estricta investigación. Para zafar provisoriamente de ese procesamiento, Malaspina argumentó que carecía de funciones de administración tributaria y claves operativas en la AFA, endilgando esa responsabilidad a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. Una llamativa declaración de ajenidad administrativa de parte de un empresario que sí demuestra enorme destreza para ganar complejas licitaciones estatales.
La evolución de estos negocios y el avance de las causas judiciales contra la cúpula del fútbol entran ahora en un escenario de alta tensión política. El polémico contrato de inteligencia artificial se terminó de sellar pocos días antes de que la Legislatura porteña aprobara la designación de Martín López Zavaleta —el histórico segundo de Mahiques— como nuevo fiscal general de la Ciudad con 51 votos a favor. En paralelo, la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación coincidió con la salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), el funcionario de la gestión de Javier Milei que venía presionando fuertemente a la AFA con auditorías financieras y el nombramiento de veedores para revisar los balances de Chiqui Tapia.
La millonaria adjudicación de fondos públicos a DataCloud SA expone una vez más la sintonía fina y los favores cruzados entre el poder político de turno, la estructura de la justicia porteña y la conducción de la AFA. Con el desembarco del nuevo fiscal López Zavaleta en el Ministerio Público de la Ciudad y el desplazamiento de los funcionarios nacionales que buscaban intervenir la administración de Tapia, el oficialismo porteño y los laderos de la AFA parecen haber consolidado un esquema de convivencia ideal. Mientras tanto, las causas por evasión fiscal de la calle Viamonte seguirán su curso en los tribunales, en un delicado equilibrio donde la delgada línea entre el lobby del fútbol y los contratos del Estado promete seguir sumando capítulos bajo sospecha.
