Manuel García-Mansilla, recientemente designado como juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, ha sido objeto de una medida cautelar que le ordena abstenerse de firmar resoluciones durante 90 días. Esta decisión surge en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de su nombramiento por decreto presidencial.
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, emitió la medida cautelar tras una acción de amparo que impugna el decreto 137/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei designó a García-Mansilla en comisión. La controversia radica en si el Ejecutivo tiene facultades para realizar tales nombramientos sin la aprobación del Senado.
El Senado de la Nación rechazó recientemente los pliegos de García-Mansilla y del también propuesto Ariel Lijo, lo que intensificó el debate sobre la separación de poderes y el respeto a los procedimientos constitucionales en las designaciones judiciales. Este rechazo representa un revés político para el gobierno de Milei.
La Corte Suprema, por su parte, se encuentra en una posición delicada. La notificación de la medida cautelar ya ha sido recibida, y se espera una respuesta institucional que defina el rol de García-Mansilla mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre su nombramiento.
Analistas políticos y jurídicos advierten que este conflicto podría tener implicancias significativas en la estabilidad institucional del país. La independencia judicial y el respeto por los procesos democráticos son pilares fundamentales que se ven puestos a prueba en esta coyuntura.
Mientras tanto, García-Mansilla ha manifestado su intención de solicitar una «reválida» de su cargo ante sus colegas de la Corte, buscando legitimar su posición y disipar las dudas sobre la legalidad de su nombramiento. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro inmediato del máximo tribunal argentino.
